En agosto del 2018 se incrementó la tarifa del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca de siete a ocho pesos, en ese entonces el exencargado de despacho de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Alejandro Villanueva López, aseguró que antes de finalizar el año se retirarían al menos 147 autobuses modelo 2000 y 2001, sin embargo, hasta el 30 de noviembre del 2018 sólo fueron retirados de las calles ocho unidades.
Lo anterior lo revela un reporte de actividades del 2018 de la Semovi en manos de EL IMPARCIAL, que detalla que los ocho autobuses asegurados son modelo 2000, sin que detalle de alguna unidad modelo 2001.
”Estamos en proceso de retirar los 80 camiones modelo 2000; el siguiente paso será retirar 67 camiones modelo 2001. La gente en las redes y en los medios nos pregunta ¿por qué no los retiran?, pero tienen que entender que si lo hacemos, y no se suplen, tendremos un problema de movilidad”, señaló Villanueva López a mediados de agosto del año pasado.
El reporte destaca que durante el 2018 fueron un total de 365 unidades del transporte público asegurado por la Semovi, sin que se detallen el tipo de vehículo. A estos se suman 112 unidades aseguradas por la Fiscalía General del Estado.
Llueven peticiones de estudio de factibilidad
A pesar de que durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se implementó una veda para las concesiones del servicio de transporte público, se ha solicitado 190 estudios de factibilidad en la entidad para nuevas concesiones, 55 de ellas en los Valles Centrales, 35 en la Costa, 23 en el Istmo, 23 en la Sierra Sur, 22 en la Mixteca 19 en la Sierra Norte, nueve en la Cañada y cuatro en la Cuenca.
Además la Semovi recibió en 2018 un total de 323 solicitudes de incremento de tarifas de transporte, de las cuales cinco se dictaminaron, entre ellos el de la capital del estado. En cuanto al resto, el atraso se debe al incumplimiento de los solicitantes en torno a sus requisitos para poder determinar su tarifa.
“En el tema en que los concesionarios arbitrariamente han determinado su propia tarifa, es ilegal, puesto que la Secretaría no ha determinado con sustento de un estudio esas alzas, en razón de que sus solicitudes no cumplen con los requisitos de factibilidad y viabilidad para poder determinar su tarifa, son peticiones de escasa información y la renuencia de los concesionarios”, señala el documento.
