¿Importan los organismos de derechos humanos?

A lo largo y ancho de nuestro país, la observancia de los derechos humanos, es prioridad para cualquier gobierno, el hecho que los habitantes de un país tengan las garantías de vivir de forma digna, dependerá también de lo que ellos hagan y el estado les permita hacer de acuerdo a las normas de conducta.
Recordemos que los derechos humanos en voz del alto comisionado de las Naciones Unidas, menciona que “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
No es solo menester de una autoridad velar por ellos, todos tenemos la obligación de respetarlos, ver que se respeten y procurar que se conozcan, desde luego las autoridades deben de conocer las formas de garantizarlos, respetarlos y evitar transgredirlos, cuando ejercen una detención o buscan proteger a la ciudadanía de aquellos que delinquen pero se aprovechan de su fuerza para coaccionar a la población, para ello, están los organismos defensores de derechos humanos en cada uno de los estados, o bien en el caso de las autoridades federales, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Existe una confusión en cuanto a quienes les toca velar por la protección los derechos humanos y en primer lugar están los organismos estatales de derechos humanos, quienes en un sistema no jurisdiccional, deberán de estar atentos de que el estado no trasgreda esos derechos cuando ocasiona perjuicios contra la población; sin embargo cuando el asunto es entre particulares, están instancias como el ministerio público que se encarga de revisar las afectaciones y ejercer acciones conforme a la ley lo establece, es decir si un asaltante en un transporte público, roba a otra persona, la autoridad competente deberá investigar al ladrón o ladrona, demostrar que tuvo que ver con el delito y sancionarlo conforme a derecho, ¿cuándo entran los organismos defensores de derechos humanos?, en caso de que esas autoridades sean omisas de investigar los hechos, cuando los afectados no vea que se atiende sus peticiones de justicia, cuando se señala y tortura a una persona para que se diga culpable y/o simplemente el o la afectada solicita la intervención de este organismo.
Desde luego el estado de derecho que no solo verifica la justicia, sino también temas como la salud y la educación entre otros, deberá que accionar sus procesos para que en la población exista un principio de orden, para ello están instancias como el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública, los Honorables Ayuntamientos de los 570 municipios, con sus servidores públicos, el Honorable Congreso del Estado, entre otros, que deberán de atender los problemas que día a día se presentan en el Estado de Oaxaca, de hecho, está establecido en el artículo 1 de la Constitución que entre otras cosas dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Desde luego y esto no exime de su responsabilidad a los órganos que se encargan de sancionar a los servidores públicos que violentan los derechos de la ciudadanía, deberá haber una efectiva función, para evitar que estos actos se sigan repitiendo, capacitando a las autoridades, detectando controversias constitucionales, proponiendo políticas públicas que hagan ver al Estado sus formas de actuación ante la población y señalando sus desaciertos y además cuando no sea su competencia orientar a las personas, para acudir con las instancias Estatales correspondientes.
En nuestro querido Oaxaca, las formas de manifestación parecieran ser condicionadas a molestar a la población, no al gobierno, con la intención de crear un caos y señalar al Estado por no cumplir sus demandas, que si son correctas o no, es otra cosa y ahí es donde las autoridades deberán de realizar acciones inteligentes que desactiven los conflictos y lleguen a buen término las negociaciones, y si fuera posible, que estos actos de toma de calles, toma de carreteras, secuestro de camiones y bloqueo a la entrada de los depósitos de basura, entre otros problemas, se evitaran, escuchando a las partes en conflicto, con miras a resolver los problemas en la medida de sus posibilidades, si ya sabemos que de todas maneras van a correr los billetes para tener tranquilos a los vividores sociales.
Administraciones van y vienen, de todas los niveles de gobierno, de todas las instituciones y organismos y el conflicto sigue ahí, al parecer, llegó para quedarse al encontrar los factores propios de un pueblo que vive en la desigualdad; nuestro estado, ha servido y servirá de laboratorio nacional para ver cómo se perfeccionan las manifestaciones que terminan en “conflictos caros”, sin que haya un solo detenido por las afectaciones a niños, jóvenes, microempresarios, adultos mayores, enfermos, mujeres y demás habitantes de un lugar que está perdiendo su encanto y le da origen al paraíso de los conflictos.
Ahí es donde las instituciones de derechos humanos deberían de poner “el dedo en el renglón”, para señalar a las autoridades los problemas que se avecinan, tantos años del magisterio dañando la educación y ¿qué soluciones han existido al respecto?, recomendaciones, propuestas que no han mermado los problemas sociales, con las mismas afectaciones irreversibles, sino pregúntenle al joven que ahora busca trabajo y no lo obtiene por falta de competencias, esas que perdió en el camino de su “educación”.
De ese tamaño es la importancia de estos organismos, y por ello se requiere de una imagen institucional que permita a la ciudadanía sentirse respaldada, que estén ahí, señalando y alertando a las autoridades sobre los conflictos, de mostrarle a la ciudadanía su compromiso para atenderlos en sus quejas y orientaciones, que dicho sea de paso, se dan en miles de atenciones y cientos de expedientes abiertos cada año, tal como lo muestra el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2018, que puede consultar en https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2018/, y aunque estos organismos, han buscado las formas de atenderlos, no ha sido suficiente para fortalecer la confianza de la población, misma confianza que cuesta mucho trabajo construir y que en poco tiempo puede ser perdida.
Ya vienen los tiempos de cambio, al menos en ese organismo en Oaxaca, a quienes se les hace el llamado enérgico de luchar contra todo el peso de los señalamientos que obran en su contra y ponerse del lado de la ciudadanía, quienes esperan un organismo fuerte, inteligente y humanista que haga frente a los nuevos retos que se aproximan.
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