El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como ley antilavado, en donde plantea que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.
Cabe destacar que la ley antilavado fue expedida en octubre del 2012 y, a la fecha, sólo ha tenido una reforma con motivo de la expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
La propuesta del senador Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de su bancada, ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico.
“Es nuestra intención sumarnos a los esfuerzos que realiza la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la recién creada Fiscalía General de la República, por medio de su Unidad en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para detectar y erradicar de nuestro sistema financiero todas aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita y así presentar un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que suelen financiarse con este tipo de recursos”, señala la iniciativa.
Yoliztli Gutiérrez, CEO Y&G Consultores, aseguró que si bien se trata de una reforma que busca atacar el bolsillo del crimen organizado y fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también significa mayor carga económica para las empresas que no son del ramo financiero, es decir, las actividades vulnerables.
“Hay diferentes tipos de entidades financieras, ahora con la Ley Fintech hay 17 y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con Hacienda han hecho un cruce de información bastante importante para este tipo de entidades de nuestro país sin embargo para las actividades vulnerables no es así”, indicó.
“No es que esté mal la reforma, pero se le está dando mucho peso a la actividad vulnerable igual que a un sujeto obligado como una institución financiera”.
La CEO de Y&G indicó que si bien tiene cierto sentido aumentar las obligaciones y reglas de operación para evitar el lavado de dinero y los recursos de procedencia ilícita, para algunas asociaciones puede resultar incosteable adquirir toda la infraestructura que se requeriría para dar cumplimiento a la iniciativa.
“Los sistemas automatizados no son plataformas baratas, no baja de 1 millón de pesos y evidentemente se necesita además de un equipo de trabajo al momento de enrolar a los clientes”, señala.
“No dudo que las iglesias obtengan algunos de sus recursos o reciban donativos de origen desconocido o ilegal, pero tampoco me imagino a una Iglesia católica o de mormones teniendo atrás un Departamento de Prevención de Lavado de Dinero, revisando quién hizo el donativo y para qué o cuál fue su origen, consideró que es excesiva la carga que se le está poniendo a este tipo de entidades y más porque no tienen personal administrativo, ya que no son una empresa”.
Gutiérrez agregó que implementar mejores reglas antilavado sirve para evitar la corrupción y detectar el uso de recursos de procedencia ilícita, pero se debe hacer tomando en cuenta el tamaño de las actividades vulnerables.
“Estamos a favor de prevenir las transacciones de procedencia ilícita, pero creo que se debe hacer una distinción y no copiar lo que ya tenemos de las instituciones financieras para las actividades vulnerables ya que no operan igual y menos tienen el mismo capital, además su naturaleza es distinta”.
