Elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron en Puebla a Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, en agravio de la periodista Lydia Cacho. De acuerdo con funcionarios federales, Rocha Laureano, de 53 años, elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla, fue detenido en un domicilio de la capital poblana. Indicaron que el policía participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de la periodista, escritora y activista Lydia Cacho Ribeiro, en 2005.
La comunicadora fue detenida en ese año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como El Rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro, “Los Demonios del Edén”, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad. En su momento, trascendieron audios de las llamadas entre Kamel Nacif y El gober precioso de Puebla, Mario Marín Torres, donde éste último le externa su apoyo al empresario para imponerle un correctivo a la periodista.
En noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abstuvo de señalar al gobernador Mario Marín, como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de una falta grave a sus derechos, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto. Por seis votos contra cuatro, la Corte dejó claro que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la escritora, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, éstas no fueron graves sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Lydia. Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la comisión, defendió a toda costa el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”. El ahora detenido era requerido por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.
