La búsqueda de justicia por la masacre de Huazantlán del Río, en San Mateo del Mar, enfrenta un nuevo episodio de tensión. A más de seis años del asesinato de 15 personas de la comunidad ikoots, el Comité de Víctimas y Familiares denunció amenazas, persecución y agresiones contra quienes mantienen viva la exigencia de castigo para los responsables.
Durante un pronunciamiento realizado la mañana de este miércoles, integrantes del comité señalaron que el hostigamiento se intensificó después de la sentencia dictada el pasado 13 de octubre contra uno de los implicados en la matanza ocurrida el 21 de junio de 2020.
Los familiares advirtieron que, lejos de representar un avance que les permita encontrar tranquilidad, la resolución judicial ha estado acompañada de nuevas intimidaciones contra sobrevivientes, integrantes del comité y personas que participan en las actividades para exigir justicia.
Ante esta situación, solicitaron la intervención del Gobierno de Oaxaca, de la Fiscalía General del Estado y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Con la intención de que se establezcan medidas de protección y se investiguen las agresiones denunciadas.
DENUNCIAN AGRESIONES CONTRA MUJERES EN UN PUESTO DE INFORMACIÓN
Uno de los hechos expuestos durante la conferencia ocurrió en el parque La Bastida. Donde el comité mantiene un puesto de denuncia e información para difundir lo sucedido en Huazantlán del Río.
De acuerdo con el testimonio de un sobreviviente, varias mujeres integrantes del movimiento fueron agredidas por un hombre que, después de ser confrontado. Quien presuntamente dijo ser familiar de Raúl Rangel.
El sujeto habría ejercido violencia física y verbal contra las integrantes del comité, además de ocasionar daños al espacio que utilizan para informar sobre la masacre y mantener visible su exigencia de justicia.
Los denunciantes consideraron que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un ambiente de intimidación que enfrentan desde hace tiempo.
«Nuestras compañeras que se encuentran en el puesto de denuncia que mantenemos en el parque La Bastida fueron agredidas por un sujeto», expuso el sobreviviente durante la lectura del posicionamiento.
También denunció que las mujeres fueron violentadas y que el agresor dañó el único espacio con el que cuentan para continuar difundiendo información sobre los asesinatos.
SEÑALAN A GRUPO VINCULADO CON RAÚL RANGEL Y CAMERINO DÁVALOS
Durante el pronunciamiento, los integrantes del comité atribuyeron las amenazas, agresiones y campañas de desprestigio a personas que identificaron como parte de un grupo encabezado por Camerino Dávalos y Raúl Rangel.
Según el testimonio presentado, las intimidaciones incluyen acoso, calumnias y señalamientos contra quienes acompañan a las familias y participan en las movilizaciones.
Los denunciantes sostuvieron que las presiones aumentaron mientras se desarrollan las audiencias relacionadas con Inocencio R.. Uno de los implicados en el proceso penal por los homicidios y feminicidios cometidos durante la masacre.
En su posicionamiento, además, señalaron a Raúl Rangel como presunto autor intelectual de los hechos y afirmaron que tendría interés en evitar que las investigaciones alcancen a otros posibles responsables.
El comité también sostuvo que Rangel habría utilizado el contexto de violencia para posicionarse políticamente. Y que actualmente ocupa un cargo en la Unidad Jurídica de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca.
Estas acusaciones forman parte de la denuncia pública de las víctimas y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
RECHAZAN SEÑALAMIENTOS CONTRA JORGE ARROYO
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la defensa de Jorge Arroyo. A quien, según los integrantes del comité, se ha intentado vincular con los hechos violentos del 22 de junio de 2020.
Los familiares rechazaron esos señalamientos y aseguraron que Arroyo ha acompañado a las víctimas desde los primeros momentos posteriores a la masacre. Además de participar en las acciones para exigir justicia.
Consideraron que las acusaciones forman parte de una campaña para desacreditar a quienes mantienen activa la organización y la denuncia pública.
«Defender la memoria y organizarse no puede ser motivo de criminalización», expresaron.
También advirtieron que no permitirán que los integrantes del comité sean señalados o perseguidos por mantener sus exigencias, acompañar a los sobrevivientes y reclamar el esclarecimiento de los asesinatos.
EXIGEN PROTECCIÓN Y MÁS DE 150 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Frente al escenario de amenazas que denunciaron, el Comité de Víctimas y Familiares solicitó al fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que emitan medidas de protección para los sobrevivientes y sus familias.
La petición también incluye dar seguimiento puntual al caso y garantizar que las personas involucradas en las agresiones recientes sean investigadas.
Pero su exigencia va más allá de las medidas de seguridad. Los familiares insistieron en que todavía existen más de 150 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra personas que consideran relacionadas con la masacre.
«No descansaremos y seguiremos en las calles, seguiremos alzando la voz por aquellos que ya no pueden hablar, por aquellos a quienes les arrebataron la vida», manifestaron.
La masacre de Huazantlán del Río ocurrió el 21 de junio de 2020. La cual dejó un saldo de 15 personas asesinadas: 13 hombres y dos mujeres de la comunidad ikoots.
A más de seis años, la sentencia contra uno de los implicados representa un avance judicial, pero para las familias está lejos de cerrar el caso. La falta de ejecución de las órdenes de aprehensión y las nuevas agresiones denunciadas mantienen abierta una herida que sigue reclamando justicia.
El mensaje de los sobrevivientes es contundente: no quieren que el miedo silencie su lucha ni que la exigencia de justicia termine convirtiéndose en otro motivo de persecución.
