La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel S. A., “Miguel Quetu”, dejó de ser una versión en desarrollo para convertirse en un hecho confirmado por el Gobierno federal.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que el alcalde fue detenido durante un operativo realizado en Oaxaca y reveló un dato que hasta horas antes no había sido dado a conocer oficialmente: Sánchez Altamirano contaba con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Junto con el presidente municipal también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien, de acuerdo con Harfuch, igualmente tenía una orden de aprehensión por esos delitos.
“Ambos tienen órdenes de arresto por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado”, detalló Harfuch.
La confirmación modifica el alcance de la información difundida horas antes, cuando únicamente se conocía la captura del alcalde y todavía no se habían precisado públicamente las causas jurídicas de su detención.
UNA OPERACIÓN COORDINADA ENTRE FUERZAS FEDERALES Y OAXACA
Harfuch explicó que la captura fue resultado de un despliegue en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad estatal.
La operación forma parte, según el funcionario federal, de las acciones emprendidas bajo la política de “impunidad cero”.
El secretario agradeció además la coordinación con el Gobierno de Oaxaca y señaló que las investigaciones continuarán para ubicar y detener a otros integrantes de la estructura que las autoridades investigan.
INVESTIGAN UNA ESTRUCTURA DEDICADA A LA EXTORSIÓN
El dato más delicado revelado por Harfuch está relacionado con la investigación que llevó a las órdenes de aprehensión.
Según la versión oficial, las indagatorias vinculan a los detenidos con una estructura criminal presuntamente dedicada a la extorsión y al cobro de sobornos a comerciantes y empresarios.
Las autoridades también investigan posibles actividades relacionadas con venta de drogas, trata de personas y homicidio, además de presuntos esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos criminales en la región.
Estos señalamientos corresponden a las líneas de investigación comunicadas por la SSPC y deberán ser acreditados dentro del procedimiento judicial. La detención y la orden de aprehensión no equivalen por sí mismas a una sentencia.
LA UIF TAMBIÉN ENTRA AL CASO
La operación tuvo además un componente financiero.
Harfuch informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo la inmovilización de fondos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación.
El objetivo, explicó, es afectar la capacidad financiera de la estructura que las autoridades buscan desarticular.
Así, el operativo no se limitó a la captura de dos personas: incluyó acciones para seguir el flujo de recursos que presuntamente estaría relacionado con las actividades investigadas.
“LAS INVESTIGACIONES Y LAS ACCIONES OPERATIVAS CONTINÚAN”
El secretario de Seguridad federal advirtió que la operación todavía no termina.
“Las investigaciones y las acciones operativas continúan para desmantelar por completo esta estructura criminal y detener a todos los implicados”, señaló Harfuch.
La declaración abre la posibilidad de nuevas detenciones conforme avance la investigación.
El Gobierno federal no ha presentado públicamente, hasta ahora, el expediente completo ni el conjunto de pruebas que sustentaría las acusaciones. Será durante el proceso judicial cuando se conozcan los elementos que la autoridad presente contra los detenidos.
LA CAPTURA OCURRE EN UN MUNICIPIO BAJO OPERATIVOS
La detención del edil ocurre en medio de una estrategia de seguridad que desde hace meses mantiene especial atención en Juchitán y otros puntos del Istmo.
Antes de conocerse los motivos jurídicos de la captura, el municipio ya se encontraba bajo acciones coordinadas de las fuerzas federales y estatales contra grupos señalados como generadores de violencia.
De hecho, la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, integrada para realizar labores de inteligencia, investigación y operaciones contra homicidio, extorsión y estructuras delictivas, fue presentada apenas el 21 de septiembre.
La detención del alcalde se produce, por tanto, en un momento de reforzamiento de las operaciones de seguridad en el municipio.
DE LA PRIMERA VERSIÓN A LA CONFIRMACIÓN FEDERAL
Horas antes, la información disponible únicamente establecía que Miguel “Quetu” había sido detenido durante un operativo en Juchitán.
Incluso se había señalado que el alcalde se dirigía a una actividad oficial en la colonia Mártires 31 de Julio cuando fue interceptado.
En ese momento todavía no existía información pública precisa sobre los delitos que se le atribuían.
Ahora, la versión de Harfuch establece que sí existían órdenes de aprehensión y precisa los delitos: extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Ese dato cambia sustancialmente el caso y coloca la detención dentro de una investigación criminal de mayor alcance.
“QUETU” HABÍA NEGADO SEÑALAMIENTOS
La confirmación federal también vuelve a poner bajo atención los señalamientos que el alcalde había rechazado meses atrás.
Quetu negó públicamente cualquier vínculo con grupos criminales después de que su nombre fuera relacionado con personas detenidas por el asesinato de una familia ocurrido en marzo en la agencia municipal de La Venta.
En aquel momento calificó las acusaciones como falsas y con motivaciones políticas.
Ahora, sin embargo, la situación es distinta: la autoridad federal confirmó que existe una investigación judicializada mediante órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Eso no significa que todos los señalamientos previos contra el edil hayan quedado acreditados; serán las autoridades judiciales las que determinen qué hechos pueden sostenerse con pruebas.
EL CASO APENAS ENTRA EN SU ETAPA JUDICIAL
La captura de Miguel “Quetu” Sánchez representa un nuevo episodio en la crisis de seguridad que enfrenta Juchitán.
Pero también abre una etapa distinta: la judicial.
Ahora deberá conocerse la carpeta de investigación, los elementos utilizados para obtener las órdenes de aprehensión, la audiencia inicial y la situación jurídica que determine el juez.
Mientras tanto, la postura oficial ya no deja lugar a la incertidumbre sobre un punto central: Miguel Sánchez Altamirano fue detenido y, según Omar García Harfuch, enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La investigación, aseguró el funcionario, continuará para identificar al resto de los presuntos integrantes de la estructura.
