México tiene mala suerte y Oaxaca peor. Desde los años 70 pasamos de vivir de crisis económicas a la tragedia actual de un país sembrado de fosas, desaparecidos y cadáveres. Hoy nos gobierna, a juicio del autor, una clase política depredadora y mediocre.
Gracias al trabajo del reportero Juan Carlos Zavala conocí la construcción de un proyecto en la zona de los Chimalapas: un acueducto para extraer agua del río Uxpanapa y su cuenca y llevarla a la zona industrial de La Cangrejera, en el sur de Veracruz. Es parte de los megaproyectos de la llamada 4T. Mientras la atención se concentra en la sucesión gubernamental, la visa de Andy y los errores de autoridades municipales, pasan inadvertidos asuntos que tendrán consecuencias para Oaxaca.
La selva de los Chimalapas no es solamente una zona verde en el corazón del Istmo de Tehuantepec. Es un regulador hídrico y una arteria biológica fundamental del sur de México. En la cuenca del río Uxpanapa —conocido en su parte alta como río El Corte— existe una enorme diversidad, con más de 900 especies de flora y refugio para animales amenazados como el jaguar, el tapir centroamericano, el mono araña y el águila harpía.
Sin embargo, bajo una lógica de desarrollo extractivo se pretende que el acueducto Coatzacoalcos trasvase millones de litros de agua para abastecer al complejo industrial de La Cangrejera y la refinería de Minatitlán.
El despojo de agua de la cuenca del Uxpanapa podría tener graves consecuencias. Los estuarios aumentarían su salinidad, afectando flora y fauna y comprometiendo la recarga de los mantos freáticos de los que dependen comunidades locales. También se alterarían corredores biológicos y se afectaría uno de los últimos sumideros continentales de carbono. A la devastación ambiental se suma la preocupación por los derechos de los pueblos que habitan la región y que, mediante amparos, buscan proteger su territorio y los recursos naturales.
Otro motivo de preocupación para el futuro de Oaxaca es, según el autor, la intervención de la llamada Primavera Oaxaqueña en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO). El sistema, que representaba una oportunidad para miles de jóvenes de superar condiciones de pobreza, atraviesa una reestructuración jurídica impulsada por el Ejecutivo estatal.
Los decretos que modifican las normas orgánicas de las diez universidades que integran el SUNEO han generado inquietud en los ámbitos académico y laboral. Se extinguió una rectoría central y comenzaron los nombramientos de funcionarios vinculados a Morena, lo que el autor considera una forma de premiar lealtades políticas.
La intervención alcanza también a los órganos de gobierno de las instituciones académicas, ahora con mayor presencia de funcionarios estatales. El cambio en el estatus jurídico de las universidades, que operan como Organismos Públicos Descentralizados, es presentado oficialmente como una regularización administrativa, pero genera dudas sobre sus efectos en la autonomía académica.
La pregunta central es por qué apropiarse políticamente de una institución que durante años representó una de las principales oportunidades de educación superior para los jóvenes oaxaqueños. Para el autor, el riesgo es perder la autonomía, el nivel académico y el alto rendimiento que distinguieron al SUNEO, para dar paso a la mediocridad.
