Es muy triste, pero es la verdad. Independientemente de que nuestra Presidenta nos refiera un panorama de importantes realizaciones en favor de la población, la realidad es muy diferente.
Quien está triunfando en el territorio de nuestro gran país es la violación a las leyes y la comisión de homicidios, extorsiones, robo y contrabando de combustibles, además de otros delitos, sin ningún castigo. Desearía que lo que aquí referiré estuviera alejado de la realidad, lamentablemente no lo está.
Fueron descubiertas refinerías clandestinas en los Estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en donde se procesaba el petróleo obtenido de manera ilegal a través del célebre y criminal huachicoleo.
Lo extraño y más preocupante, que la existencia de esas irregulares instalaciones, es que no haya habido un solo detenido, como que se hubiera permitido su construcción lo que no se pudo hacer de un día para otro, y que las acciones judiciales en contra de esas plantas se hiciera por la denuncia de particulares. Lo anterior nos obliga a pensar en la complicidad de autoridades tanto locales como federales que permitieron su funcionamiento.
Los hallazgos que se hicieron fueron muy importantes, cientos de miles de litros de hidrocarburos, como tanques de almacenamiento y vehículos, y cuando llegó la autoridad, con órdenes de cateo a nadie se encontraron. Nuestra Presidenta, en una de sus conferencias matutinas, dijo a propósito de una de estas plantas aseguradas, que no eran refinerías, sino “centros de procesamiento”, como si esa diferencia le restara importancia a esa conducta.
Ella misma dijo que si bien cerca del lugar en donde se encontraba ese “centro”, se ubica un cuartel de la Guardia Nacional, ésta intervino para asegurarlo; sin embargo, después de mucho tiempo transcurrido y al parecer lo hizo para atender la demanda de los vecinos que miraban la presencia inusual de camiones transportadores de combustible.
Otro fenómeno de impunidad triunfadora, lo tenemos en la defensa que se ha hecho de los servidores sinaloenses cuya extradición se solicitó, y la defensa eficiente del gobierno federal para no concederla.
Por cierto, del grupo de personas cuya extradición se solicitó, dos se entregaron, y están siendo juzgados en Estados Unidos. A propósito del verdadero drama que se vive en Sinaloa por la inseguridad que se padece, están los asesinatos de comunicadores.
La impunidad lastima la seguridad individual como también la economía. Ejemplo claro de esto lo tenemos en la decisión del gobierno americano de detener la compra del aguacate michoacano ante la suspensión de los trabajos de sus inspectores que supervisaban el envío de aguacates. La decisión de que dejaran de hacerlo fue por la inseguridad a que estaban expuestos estos funcionarios estadounidenses.
Las declaraciones del Director de la DEA son claras y preocupantes, al afirmar recientemente, que ningún cargo público protegerá a aquellos funcionarios del gobierno mexicano que estén protegiendo o en complicidad con los narcotraficantes.
Tristemente la violación a las leyes se da también en los servidores públicos de elevadas responsabilidades. Es el caso del Secretario de Educación, quien para anunciar la entrega de una cantidad de dinero para apoyar la adquisición de útiles escolares, declaró que “la Presidenta les envía esta cantidad…. “esa afirmación es en contra del artículo 134 constitucional, que prohíbe la inclusión de nombres que sean una “promoción personalizada de cualquier servidor público”
*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
