DESDE QUE LAS PRIMERAS CIUDADES emergieron en Mesopotamia y el Valle del Indo hace cinco milenios, la jerarquización social nació con una regla inmutable: quienes controlaban los excedentes agrícolas y los complejos planes de regadío se quedaban con la mayor parte del beneficio. Los palacios monumentales no se construían con la “honrosa medianía” de sus gobernantes, sino con los tributos de la base. El poder, por naturaleza histórica, siempre ha sido sibarita. En pleno siglo XXI, solo en una narrativa ilusoria cabría la posibilidad de que la clase gobernante, hoy guinda, se moviera en transporte colectivo.
EL VERDADERO escándalo en torno al secretario de Gobierno de Oaxaca, JESÚS ROMERO y su vuelo en el Cirrus SR22 de la empresa Gugar, no radica en el uso de la aeronave en sí. Si el mitómano de Macuspana no hubiera edificado su feligresía sobre el mito de la “austeridad republicana” -prometiendo un puritanismo franciscano imposible de sostener-, “el viaje de un funcionario para atender asuntos de seguridad en la Costa -se leía en redes sociales- ni siquiera rozaría las ocho columnas. La indignación social no nace de la opulencia, sino del violento choque contra la pared de la simulación de la llamada ‘Cuarta Transformación’.”
SIN EMBARGO, mientras la discusión en redes sociales en su mayor parte se pierde en el chisme folclórico sobre las acompañantes del funcionario o apodos pintorescos, en el mismo espacio virtual un comentario de un jurista refiere: “la crítica ha dejado pasar de largo las verdaderas implicaciones legales que sostienen este caso:
“Cohecho y Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA): El artículo 52 de la LGRA prohíbe estrictamente a los servidores públicos exigir o aceptar cualquier tipo de beneficio, favor o regalo de particulares. Al asegurar que el vuelo fue un “favor de cuates” a través del piloto de una empresa privada (Gugar) -compañía que además arrastra un conflicto de tierras y agua clausurado por Conagua-, Romero López confiesa explícitamente haber recibido un beneficio no permitido. La ley tipifica esto como cohecho, sin importar si mediaron “recursos personales” para la turbosina.
“Donaciones deducibles indebidas y uso oficial: Si el traslado al Istmo obedecía al Plan Juchitán para la Construcción de Paz, el secretario incurrió en una irregularidad fiscal y administrativa. La operación de las funciones del Estado no puede ser financiada por particulares ni por el bolsillo de un empleado. El uso de un canal privado para fines públicos, evadiendo los presupuestos autorizados, viola el principio de legalidad y la Ley de Disciplina Financiera.
“Violación a la Ley Federal de Austeridad Republicana: Esta norma prohíbe tajantemente el uso de infraestructura o servicios privados de lujo para el desempeño de funciones oficiales, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas y transparentadas mediante canales institucionales, no mediante publicaciones aclaratorias en redes sociales”.
SOLO LOS ILUSOS pudieron creer que la naturaleza del poder cambiaría por decreto presidencial o consignas de campaña. Los hombres de Estado siempre han tenido y tendrán los mayores lujos. El pecado de la transformación de cuarta no es volar en aviones privados; su pecado es la flagrante mentira legalizada bajo el amparo de una superioridad moral que la terca realidad, una y otra vez, se encarga de desmentir.
EL SALTO DEL CHAPULÍN
La CNTE tiene contra las cuerdas al gobierno federal mediante el chantaje: calladamente, además del dineral furtivo que se llevarán los líderes magisteriales, logran desaparecer la Usicamm para recuperar el control absoluto de plazas y sepultar la evaluación docente. Mientras MARIO DELGADO y MARTÍ BATRES intentan contener el daño ofreciendo iniciativas y aseguradoras, CLAUDIA SHEINBAUM se desmarca de forma hábil para no desgastar su imagen, arrojando al ruedo al grupo de AMLO a desquitar el sueldo y crear el pretexto ideal que haga rodar la cabeza del titular de la SEP.
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