El Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, encabezados por la presidenta, maestra Erika María Rodríguez, y el magistrado Juan Díaz Carranza, impulsan que este nuevo sistema cuente con una estructura adecuada, tanto material como humana, con operadores jurídicos capacitados —magistrados, jueces, secretarios y actuarios— para aplicar correctamente las reglas y principios que lo rigen.
En paralelo, se han abierto espacios de capacitación dirigidos a los abogados litigantes, en coordinación con especialistas que ya cuentan con experiencia en la aplicación de este modelo en otras entidades del país. El avance en su implementación ha sido desigual: algunos estados registran progresos significativos, otros intermedios y algunos, como Oaxaca, continúan en etapa de preparación.
Durante la inauguración del reciente congreso sobre la materia estuvieron presentes el gobernador Salomón Jara y la titular del Poder Legislativo estatal. Resultó relevante que los otros dos poderes del Estado escucharan la preocupación del Poder Judicial respecto de las necesidades presupuestarias que exige este sistema de justicia civil, el cual difícilmente puede desarrollarse bajo políticas de austeridad aplicadas a los poderes judiciales y a las instituciones de procuración de justicia, que actualmente enfrentan carencias que impactan directamente al justiciable.
En este sentido, para convertir en acciones concretas lo expresado por el gobernador en relación con que el Código Nacional marca un antes y un después en la forma en que el Estado mexicano garantiza el acceso a la justicia, sería conveniente que los poderes Ejecutivo y Legislativo, en coordinación con el Judicial, proyectaran un esquema presupuestario diferenciado: uno destinado a la conclusión de los asuntos tramitados bajo el sistema vigente y otro enfocado a la implementación, operación y mantenimiento del nuevo sistema.
Esta medida permitiría que, durante la etapa de transición, los jueces no tengan que conocer simultáneamente asuntos del sistema anterior y del nuevo modelo, lo cual favorecería el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una justicia pronta, completa y sin obstáculos. Además, conforme disminuya el número de asuntos en trámite bajo el sistema tradicional, podrían realizarse ajustes presupuestales ordenados, evitando la mezcla de recursos que ha complicado históricamente la operación de la administración de justicia.
Oaxaca podría convertirse en un referente nacional en la aplicación de este esquema, lo que incluso permitiría gestionar previsiones presupuestarias federales específicas para fortalecer su implementación.
Es posible prever que la administración de justicia en Oaxaca continúe mejorando en la calidad de sus juzgadores; sin embargo, las condiciones de austeridad limitan su desempeño. Un ejemplo de ello es la justicia penal oral, que aún enfrenta obstáculos operativos evidentes para el ciudadano en trámites cotidianos como la presentación de promociones.
El Código Nacional establece en su artículo 7 diversos principios rectores del sistema, entre ellos el acceso a la justicia, la concentración, la contradicción, la igualdad procesal, el interés superior de la niñez, la oralidad, la perspectiva de género, la inmediación, la continuidad y la lealtad procesal. Su correcta aplicación implicará cambios sustanciales en la práctica judicial, particularmente en la obligación de los jueces de presidir directamente las audiencias.
La participación activa de litigantes en los procesos de capacitación, como ocurrió en el reciente congreso y en el seminario “Técnicas de litigio y estrategia procesal”, fortalece la preparación de los operadores jurídicos ante este nuevo modelo. Resulta destacable la apertura del Tribunal Superior de Justicia del Estado para socializar estos procesos formativos con juzgadores y abogados.
Finalmente, debe reconocerse que los avances o retrocesos del sistema de administración de justicia también dependerán de la actuación ética y colaborativa de los litigantes, cuya responsabilidad será fundamental para consolidar el nuevo modelo de justicia civil y familiar en beneficio de la sociedad.
