El Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso se encuentra en el ojo del huracán tras las denuncias de la colectiva feminista Marea Lila, que acusa a la institución de encubrir a un médico residente señalado por la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
De acuerdo con el pronunciamiento público, más de 15 mujeres identifican al residente de anestesiología Carlos Esteban R. como presunto responsable de compartir material privado en grupos de Telegram. Sin embargo, tras hacerse pública la denuncia, el hospital habría optado por limitar la interacción en sus redes sociales.
La colectiva cuestionó esta reacción al señalar:
“optaron por eliminar las etiquetas y restringir los comentarios en sus redes sociales en lugar de investigar los señalamientos”.
TESTIMONIOS Y SEÑALAMIENTOS GRAVES
Las activistas aseguran contar con evidencia que vincula al médico con prácticas de violencia digital, acoso sexual y manipulación psicológica. Entre los testimonios, destacan acusaciones de compañeras del propio hospital.
Según la denuncia, algunas víctimas lo señalan de “fotografiar y grabar a pacientes bajo la supuesta justificación de recabar material con fines médicos”, lo que, de confirmarse, implicaría una violación grave a la privacidad y ética profesional.
Además, se documentan presuntos casos de coacción, en los que el señalado habría amenazado a exparejas con difundir imágenes íntimas:
“bajo la advertencia de difundir sus imágenes en redes”.
RIESGOS Y POSIBLE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL
Para Marea Lila, la falta de acciones inmediatas por parte del hospital no solo implica omisión, sino un riesgo directo para personal médico, estudiantes y pacientes.
La organización advirtió que esta situación “pone en grave riesgo tanto al personal médico femenino y estudiantes de servicio social, como a las propias pacientes”, al tratarse de un entorno donde el presunto agresor continúa en funciones.
EXIGEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
Ante lo que consideran una red de protección institucional, la colectiva hizo un llamado directo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que intervengan de manera inmediata.
Las activistas solicitaron una audiencia formal para entregar las pruebas y subrayaron que no se trata de acusaciones infundadas:
“no se trata de difamaciones sin sustento”, afirmaron, insistiendo en que verificaron la información antes de hacerla pública.
REACCIÓN SOCIAL DIVIDIDA
Tras la difusión del caso, las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate y confrontación. Mientras algunos usuarios exigieron justicia y mayor presión hacia las autoridades, otros pidieron cautela y procesos formales.
Entre los comentarios destacan posturas como:
“Ojalá investiguen bien…”, en alusión a posibles denuncias formales, y “Hagamos difusión de esta noticia para que haya suficiente presión”, reflejando la exigencia de acción institucional.
También se leyeron mensajes de apoyo a las denunciantes, como “Gracias por su apoyo”, así como llamados a no olvidar el caso:
“Que nadie olvide su cara, su nombre”.
ENTRE LA DENUNCIA Y LA NECESIDAD DE INVESTIGAR
El caso pone en evidencia tensiones recurrentes entre denuncias públicas y la respuesta institucional, en un contexto donde la violencia digital y de género ha ganado visibilidad en México.
Mientras no exista una investigación formal y transparente, persiste la incertidumbre sobre los hechos y la actuación de las autoridades, así como el reclamo de justicia por parte de quienes se consideran afectadas.
