Al fin, después de una serie de intentos de búsqueda de consensos con las fuerzas partidistas —no con el pueblo mediante consultas reales y objetivas que mostraran lo que quiere la ciudadanía—, en el rubro democrático que representa la forma de garantizar, tutelar y proteger la emisión del voto libre y secreto, la reforma se implementa sobre la voluntad del poder en turno. Para ello se utilizan todas las acciones necesarias para doblegar voluntades, conforme a los pactos que se establecen entre la Presidencia, los líderes de las cámaras y los grupos parlamentarios que integran la mayoría en el Congreso.
La iniciativa, a partir de su exposición de motivos —no del resumen que se publica— respecto a la disminución del número de representantes populares y de cargos relacionados con la materia de la reforma, no contiene sino una mera narrativa de los supuestos avances que, según la Presidenta, representan un progreso democrático. Bajo esta óptica, ahora se incluye a jueces y magistrados, así como la supuesta consolidación de instituciones autónomas que, en realidad, quedarían sujetas a la voluntad de la Presidencia y al control de los tres poderes bajo una visión monopólica del ejercicio del poder presidencial.
La reforma constitucional fortalece al partido en el poder —Morena, antes el PRI, el PAN o el PRD—, que incluso debería adecuar sus siglas conforme al origen político de su fundador y de quienes se agregaron posteriormente, a fin de responder a la prosecución de la tendencia hegemónica que se busca consolidar. Esto recuerda al priismo de la época de los llamados “dinosaurios”, al que se pretende que el pueblo retorne mediante supuestos avances sociales y económicos que, en realidad, sólo enmascaran el fortalecimiento de la concentración del poder y el debilitamiento del sistema federal y de las instituciones protectoras de los derechos humanos de los mexicanos.
La lectura de la iniciativa de reformas muestra que la historia se repite con discursos distintos en las palabras, pero con la misma tendencia oculta de mantener el control del Congreso. Este, finalmente, ha permitido y tolerado que nuestros “representantes populares”, a quienes confiamos la alta misión de velar por los intereses de los mexicanos, nos hayan traicionado, actuando como empleados del Poder Ejecutivo, que ahora comienza a abarcar también a los juzgadores que protegían nuestros derechos, aun con restricciones como la prisión preventiva oficiosa, notoriamente inconstitucional e inconvencional.
La exposición de motivos aduce que ahora las instituciones están más cercanas al pueblo. La pregunta sería: ¿en Oaxaca la justicia familiar es realmente cercana? En muchos casos es aplicada por una mayoría de juezas sin mayor rigor jurídico, con procesos dilatados y en perjuicio del interés superior de los menores, de la protección a la mujer y de la familia. Existe rezago en la emisión de sentencias y acuerdos, frecuentes cambios de titulares de juzgados y no existe un órgano de control judicial que revise periódicamente la administración de justicia en el estado para garantizar su apego a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Además, permea la corrupción. ¿Eso es justicia cercana?
La llamada Transformación consiste, en realidad, en obtener una mayor concentración del poder mediante la reducción de los contrapesos que surgen de la fiscalización de los resultados electorales, con el fin de encauzarlos dentro de los objetivos de mantener la hegemonía política. Antes se hacía mediante los postulados de la Revolución Mexicana; hoy, sin una base clara de principios derivados de la Constitución, sino de la voluntad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó esta tendencia.
La iniciativa de reforma, a mi parecer, entre otras violaciones, anula el derecho de los partidos políticos a promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación política. También debilita su función como organizaciones ciudadanas que hacen posible el acceso al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a los programas, principios e ideas que postulan y bajo las reglas que marca la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
Con la reforma, en los hechos, el Ejecutivo asumiría funciones que corresponden a los partidos políticos, aun con todas sus debilidades y defectos. Estos hoy se encuentran pulverizados frente al poder. Mientras tanto, el pueblo carece de representación legítima y queda indefenso frente al poder.
¿Eso queremos que sea la próxima integración de la Cámara de Diputados?
