Como una forma de presión y en rechazo a la resolución que involucra a más de 2 mil hectáreas que tendría que entregar a municipios chiapanecos a cambio de un indemnización, la tarde de este lunes habitantes de Santa María Chimalapa retuvieron al procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, luego de confirmarse un revés jurídico que permite a dos ejidos de Chiapas permanecer en territorio de Oaxaca.
La comunidad de Santa María Chimalapa comunidad indígena; señaló presunta mala asesoría legal, lo que habría derivado en sentencias adversas emitidas por el Tribunal Superior Agrario mismas que según denunciaron, desconocen los límites territoriales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.
La comunidad ha advertido que no dialogará con autoridades estatales; exigen una mesa de trabajo inmediata con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Acusan que los jueces invalidaron años de lucha y desconocieron fronteras trazadas desde 1549.
La asamblea de comuneros de Santa María Chimalapa rechazó la sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA), en la que se ordena ceder al ejido chiapaneco de Canaán dos mil 651 hectáreas, a cambio de una indemnización a la comunidad zoque.
Inicialmente, habían demandado la nulidad de los ejidos Canaán y Rafael Cal y Mayor ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec, Oaxaca, mediante los juicios 3035/2017 y 321/2018, en ellos argumentaron que se ubican en tierras comunales de Santa María Chimalapa. El TUA falló a favor de los ejidos chiapanecos el 22 de noviembre de 2024.
CONTEXTO
Los municipios Chimalapa, San Miguel y Santa María son los más extensos de Oaxaca y de la república, representan alrededor del 10% todo el estado.
Los pobladores oaxaqueños advirtieron que el funcionario no será liberado hasta que se concrete una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
ACCESOS BLOQUEADOS
El acceso a la comunidad está bloqueado. Aunque los funcionarios reciben alimentos y se reportan bien de salud, no se les permitirá la salida hasta recibir respuesta federal
En la zona se llevó a cabo una asamblea comunal en la cual el procurador agrario del gobierno federal Víctor Suárez Carrera acudió para dar a conocer el fallo sobre la expropiación de más de dos mil hectáreas. Ante la inconformidad, los oaxaqueños optaron por retener al funcionario federal.
En un documento público firmado por el presidente del comisariado de Bienes Comunales Jesús Esteva González, los comuneros indicaron que de ninguna manera y por ningún precio aceptarán el despojo de sus tierras, selvas, bosques y ríos.
Los comuneros sostienen que la sentencia emitida por el TSA contiene aberraciones jurídicas: no toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas establecidos en convenios internacionales firmados por el gobierno mexicano. “Tampoco toma en cuenta la gran importancia ecológica de esas tierras”.
Mencionan que más de 50 mil hectáreas de selvas y bosque de niebla han sido devastadas por talamontes y grupos armados en la zona Cal y Mayor y alrededores.
De acuerdo a versiones, el conflicto estaría vinculado a una disputa por el aprovechamiento forestal en la zona y a un presunto adeudo millonario. También se ha mencionado a particulares conocidos como “hermanos Reyes” como supuestos impulsores de la movilización, aunque no existe confirmación oficial.
Al cierre de la edición la burocracia de los gobiernos del estado o federal o de la Procuraduría Agraria se han manifestado al respecto.
En días previos, al rechazar la resolución del Tribunal Agrario, los habitantes de la región acusaban que los núcleos agrarios de origen chiapaneco General Rafael Cal y Mayor y Canaán fueron implantados por el gobierno de Chiapas y por la Secretaría de Reforma Agraria federal (SRA), dentro de territorio comunal de Santa María Chimalapa, amparándose en el “falso” conflicto de límites estatales entre Oaxaca y Chiapas.
