Pobladores de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle se presentaron la mañana del viernes frente al palacio de gobierno de Oaxaca para exigir justicia y denunciar una serie de agresiones armadas que, aseguran, han puesto en riesgo la vida de las familias desde 2023.
En un comunicado urgente dirigido a autoridades estatales y federales, la comunidad indígena mixe expresó:
“La paz no puede construirse sobre la simulación, la exclusión ni la tolerancia a la violencia. San Juan Mazatlán no está solo. Nuestra dignidad no se negocia. Nuestro territorio se abandona”.
INCURSIONES ARMADAS Y MUERTES
Según el comunicado, el 22 de febrero de 2026, un grupo armado ingresó a Loma Santa Cruz y al crucero de Rancho Juárez a San Antonio del Valle, disparando contra habitantes que se encontraban en sus viviendas y espacios de trabajo.
La comunidad responsabiliza al presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Aldo Enrique Cruz, y al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Emanuel Castillo Estudillo, de haber contratado a estos grupos armados como su brazo operativo.
“A consecuencia de los hechos violentos perpetrados el 25 de febrero de 2026 por autoridades municipales y su grupo armado, nuestro comunero Israel Cabrera Andrés fue agredido y torturado brutalmente provocándole la muerte y ahora nuestra comunidad está de luto”, denuncian.
Asimismo, recuerdan que el 12 de mayo de 2023, otro comunero, Porfirio Bautista Domínguez, perdió la vida en hechos similares. Sin que hasta la fecha haya avances en las investigaciones.
OMISIÓN Y DESATENCIÓN INSTITUCIONAL
El comunicado critica la falta de intervención del Gobierno del Estado de Oaxaca, señalando al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de actuar con parcialidad:
“La ausencia de investigaciones judiciales prontas y exhaustivas fomenta la impunidad. La desinformación oficial debilita la confianza pública y obstaculiza cualquier proceso serio de diálogo”.
Además, la comunidad exige medidas urgentes para garantizar seguridad, libre tránsito y servicios básicos, interrumpidos desde 2023. Así como la instalación de una mesa de diálogo con acompañamiento federal y de organismos de derechos humanos.
EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD
Entre las demandas destacan:
- Intervención inmediata del Gobierno Federal para garantizar seguridad y derechos humanos.
- Despliegue de medidas de protección para familias, niños, mujeres y adultos mayores.
- Restablecimiento del libre tránsito y servicios básicos, incluyendo energía eléctrica.
- Investigación exhaustiva y sanción a los responsables de las agresiones del 12 de mayo de 2023 y del 25 de febrero de 2026.
- Instalación de un diálogo formal con imparcialidad, transparencia y acompañamiento de organismos de derechos humanos.
“Reiteramos que nuestra lucha es pacífica y se sustenta en el derecho. Somos legítimos propietarios y poseedores ancestrales de nuestro territorio comunal. No renunciaremos a la defensa jurídica, política y social de nuestros derechos colectivos”, concluyen.
