La muerte de dos hermanitas de origen haitiano dentro del albergue de tránsito Casa Pato, perteneciente al Sistema DIF Estatal de Oaxaca, ha desatado indignación y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en centros que resguardan a población infantil vulnerable.
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— El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) February 24, 2026
Las menores se encontraban alojadas junto con su madre en el inmueble, ubicado en San Raymundo Jalpan. De acuerdo con los primeros datos oficiales, fueron reportadas como extraviadas y posteriormente localizadas sin vida al interior de una fosa séptica dentro de las instalaciones.
“Hoy enfrentamos una tragedia profunda, profundamente dolorosa. Dos niñas de nacionalidad haitiana (…) fueron localizadas sin vida al interior de una fosa séptica, tras haberse reportado su extravío”, declaró Yarith Hernández García, titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Elementos del cuerpo de bomberos realizaron las labores de recuperación de los cuerpos, mientras que peritos iniciaron las diligencias correspondientes.
INVESTIGACIÓN PENAL Y PRIMERAS HIPÓTESIS
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una investigación penal “exhaustiva” desde que tuvo conocimiento del caso. Señaló que activó protocolos especializados y conformó un equipo multidisciplinario, incluyendo áreas enfocadas en justicia para niñas, niños y adolescentes y delitos contra la mujer por razón de género.
Horror en Casa Pato: dos niñas mueren ahogadas al caer en cisterna pic.twitter.com/3OLIqmEQcP
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Según el comunicado oficial, las menores estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna cuando ocurrió el incidente. La institución indicó que ya cuenta con elementos para formular las primeras hipótesis legales y que las indagatorias se desarrollan bajo criterios científicos y técnicos.
Asimismo, se informó que dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
DESTITUCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Tras conocerse los hechos, el gobierno estatal anunció medidas inmediatas. Fue destituida la directora del albergue Casa Pato, así como la coordinadora general de albergues. Más tarde se confirmó la separación del cargo de la directora general del DIF Estatal.
“En materia de protección de niñas y niños, no puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias”, afirmó Hernández García.
Por su parte, Leticia Elsa Reyes López, secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, anunció el inicio de procedimientos administrativos y posibles acciones penales:
“Daremos inmediato el procedimiento para determinar la falta de responsabilidad administrativa que se acredite (…) ningún servidor público debe de quedar impune”.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN
Durante la conferencia, periodistas cuestionaron si la fosa séptica contaba con tapa y si las condiciones del inmueble eran adecuadas, señalando que el lugar luce “sombrío” y con aparentes carencias.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, evitó pronunciarse sobre causas específicas:
“Dar datos que no tenemos en este momento sería precisamente especular (…) será parte de la investigación”.
Añadió que la Secretaría de Honestidad ya interviene en la revisión de procesos de mantenimiento y supervisión no solo en Casa Pato, sino en todos los centros que albergan a niñas, niños y adolescentes en el estado.
ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA Y CONTACTO DIPLOMÁTICO
Las autoridades informaron que la madre de las menores recibirá acompañamiento jurídico, psicológico y social. También se estableció comunicación con el consulado y la embajada de Haití para brindar apoyo institucional.
“El Gobierno del Estado hace un compromiso pleno de que este hecho tan grave deberá esclarecerse con total rigor. No habrá protección para nadie”, aseguró Romero López.
UNA TRAGEDIA QUE EXPONE RESPONSABILIDADES
El caso no solo representa una pérdida irreparable para una familia migrante, sino que coloca bajo escrutinio la supervisión, infraestructura y protocolos de seguridad en espacios destinados a proteger a menores en tránsito.
Mientras avanzan las investigaciones, la exigencia social se centra en esclarecer si hubo negligencia, fallas estructurales o incumplimiento de obligaciones por parte de funcionarios responsables.
La promesa oficial es clara:
“Si hubo omisiones, habrá consecuencias”. Ahora, el desafío será traducir ese compromiso en resultados verificables.
