Debido a que los territorios comunitarios enfrentan fuertes amenazas, urge fortalecer la propiedad social y las instituciones que le dan sustento, estableció el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Es fundamental fortalecer las asambleas ejidales y comunales, el comisariado y su consejo de vigilancia, su gobernanza interna, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.
Tras ponderar que son los legítimos propietarios de esos territorios, reconoció los invaluables beneficios que brindan a toda la sociedad en términos ambientales, culturales y sociales.
“Los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas en colectivo son quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, son depositarios de grandes recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas”.
Explicó que algunas amenazas que enfrentan las tierras bajo propiedad social son la parcelación de áreas comunes, que da paso a la privatización de esas parcelas. Esta parcelación está ocurriendo incluso en terrenos forestales, que por ley no deben ser parcelados ni vendidos, alertó.
El otorgamiento de concesiones mineras, pues hasta finales de 2017, en el 42% de los 11 mil 843 núcleos agrarios que realizaban actividades forestales habían sido otorgadas concesiones para actividades mineras.
Muchas comunidades desconocen que sus territorios están concesionados para proyectos mineros (por ejemplo, Cruz de Ocote, ejido ubicado en Ixtacamaxtitlán, se enteró por las comunidades vecinas).
Otras comunidades, como Calpulalpan de Méndez, en Oaxaca, se han visto obligadas a dejar sus actividades productivas
Además, la presión para que las comunidades cedan sus territorios para instalar megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas.
Otro esquema que representa un esquema de despojo es la “renta” de parcelas. Existen contratos de renta por decenas de años, a precios muy bajos y con una cláusula para poder prorrogar por otros 20 o 30 años el contrato.
