CIUDAD DE MÉXICO.— Las plataformas digitales que operan en México tendrán nuevas obligaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, sexuales y de riesgo en internet, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que establece medidas para reforzar la seguridad de los menores en los entornos digitales.
Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre, la mandataria informó que empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X participaron en las conversaciones para definir las acciones que deberán implementar. Según explicó, las compañías solicitaron un mes para realizar los ajustes técnicos necesarios.
Sheinbaum advirtió que el Gobierno federal dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y que, si las medidas resultan insuficientes, podría promover una legislación que contemple sanciones para las plataformas.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, señaló la presidenta.
El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a los riesgos que enfrentan los menores en redes sociales, particularmente por la exposición a material sexual explícito, acoso, violencia, autolesiones y otras conductas que pueden afectar su integridad física y emocional.
TREINTA DÍAS PARA REPORTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Uno de los puntos centrales del decreto es el plazo de 30 días naturales establecido para que las plataformas documenten e informen sobre las acciones implementadas para cumplir con las nuevas disposiciones.
De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno federal, las empresas deberán adaptar sus sistemas para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que puedan poner en riesgo su bienestar.
La presidenta sostuvo que las plataformas estuvieron de acuerdo con las medidas y solicitaron tiempo para preparar sus servicios.
La implementación y los resultados de estos ajustes serán determinantes para establecer si las disposiciones se traducen en una protección efectiva o si será necesario avanzar hacia un marco legal con obligaciones y sanciones específicas.
Por ahora, el anuncio plantea un compromiso de cumplimiento cuyo alcance deberá evaluarse a partir de las medidas que adopte cada empresa y de los mecanismos que utilicen las autoridades para supervisarlas.
¿QUÉ CONTENIDOS QUEDARÁN BAJO RESTRICCIÓN?
El decreto está dirigido a los servicios digitales que permiten a las personas interactuar, comunicarse, crear, difundir o compartir contenidos a través de internet.
Entre los materiales que las plataformas deberán impedir que se muestren, recomienden o pongan al alcance de menores se encuentran:
Discursos de odio y extremismo violento.
Contenidos relacionados con abuso, explotación y violencia sexual.
Material sexual explícito.
Publicaciones que promuevan el suicidio o las autolesiones deliberadas.
Contenidos que fomenten trastornos alimenticios.
Violencia en el entorno escolar, acoso, ciberacoso y ciberbullying.
Conductas ilícitas y otros materiales que representen un riesgo para niñas, niños y adolescentes.
La disposición busca que las empresas no se limiten a reaccionar cuando una publicación es denunciada, sino que adopten mecanismos de prevención para reducir la exposición de los menores a este tipo de materiales.
Sin embargo, el alcance de las restricciones y la forma en que se aplicarán a cada servicio deberán observarse en la práctica, especialmente en plataformas donde los contenidos se distribuyen mediante algoritmos de recomendación y sistemas automatizados.
VERIFICACIÓN DE EDAD Y CONTROLES PARA LAS FAMILIAS
El decreto también contempla obligaciones relacionadas con el diseño y funcionamiento de las plataformas digitales.
Entre las medidas previstas destacan la identificación y el retiro inmediato de cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia, la clasificación de materiales por edad y la verificación de la edad de las personas usuarias.
Asimismo, las empresas deberán proporcionar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, además de mecanismos accesibles para denunciar publicaciones o cuentas que representen un peligro.
Otro de los puntos relevantes es la configuración de privacidad y seguridad desde el primer uso. La intención es que las cuentas de menores cuenten de manera predeterminada con las opciones de protección más estrictas, sin que las familias tengan que activar manualmente cada una.
Estas medidas buscan reducir los riesgos derivados del contacto con desconocidos, la difusión de imágenes íntimas, el acoso y la exposición reiterada a contenidos perjudiciales.
No obstante, la eficacia de estos mecanismos dependerá de su funcionamiento real, de la capacidad para identificar a usuarios menores de edad sin comprometer innecesariamente sus datos personales y de la rapidez con la que las empresas atiendan las denuncias.
PLATAFORMAS DEBERÁN COOPERAR CON LAS AUTORIDADES
El decreto establece también obligaciones de colaboración con las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Las plataformas deberán contar con un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de información formulados por las autoridades investigadoras.
Además, tendrán que preservar y entregar evidencia e información cuando corresponda legalmente, así como alertar de manera inmediata cuando identifiquen contenido que atente contra la vida.
Estas disposiciones buscan facilitar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante internet y evitar que información relevante desaparezca antes de que pueda ser examinada por las autoridades.
El desafío será garantizar que la cooperación sea oportuna y efectiva, con procedimientos claros que permitan proteger a las víctimas y, al mismo tiempo, respetar la privacidad y los derechos de las personas usuarias.
LUISA MARÍA ALCALDE DESTACA DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, aseguró que las compañías participantes no mostraron resistencia frente a la propuesta.
“Reconocer la actitud de todas las plataformas que lejos de mostrar resistencia entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”, expresó.
Alcalde indicó que las empresas señalaron que ya cuentan con mecanismos para identificar y retirar determinados contenidos dirigidos a menores, aunque el nuevo esquema busca reforzar y coordinar esas acciones.
Entre las compañías que participaron en las conversaciones se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, algunas de las principales empresas con servicios utilizados cotidianamente por millones de personas.
La participación de estas compañías representa un elemento relevante para la aplicación de las medidas. Sin embargo, el hecho de que hayan expresado disposición no sustituye la necesidad de verificar su cumplimiento ni garantiza, por sí solo, que los contenidos de riesgo dejarán de circular.
EL DECRETO ABRE LA PUERTA A UNA NUEVA REGULACIÓN
En las disposiciones transitorias se instruye a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para coordinar la elaboración de propuestas regulatorias destinadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Esta tarea podría derivar en nuevas reglas para las empresas tecnológicas, dependiendo de los resultados de la implementación inicial y de las propuestas que se desarrollen.
La presidenta dejó claro que el Gobierno federal contempla la posibilidad de impulsar una ley con sanciones si las plataformas no cumplen con las obligaciones anunciadas.
La diferencia entre el decreto y una eventual legislación será importante para determinar el alcance de las responsabilidades, los procedimientos de supervisión y las consecuencias jurídicas ante posibles incumplimientos.
Por ello, uno de los aspectos que deberá observarse es cómo se establecerán los criterios para determinar cuándo una empresa ha incumplido, qué autoridad evaluará los casos y qué mecanismos estarán disponibles para impugnar las decisiones correspondientes.
PROTEGER A LOS MENORES SIN DESCUIDAR LA PRIVACIDAD
Aunque el objetivo principal es reducir la exposición de menores a contenidos dañinos, la aplicación de medidas como la verificación de edad y la revisión automatizada de publicaciones también plantea retos en materia de privacidad y libertad de expresión.
Las plataformas tendrán que desarrollar mecanismos que permitan identificar situaciones de riesgo sin generar una recopilación excesiva de datos personales ni retirar indiscriminadamente contenidos legítimos.
También será necesario que los sistemas de denuncia respondan con rapidez, que las víctimas reciban atención adecuada y que existan procedimientos para corregir errores cuando una publicación sea restringida de manera injustificada.
La efectividad del decreto no dependerá únicamente de la capacidad de retirar contenidos, sino también de la transparencia de las plataformas, la supervisión de las autoridades y la posibilidad de que las familias conozcan y utilicen las herramientas de protección.
LÍNEA DE APOYO Y EDUCACIÓN EMOCIONAL
Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno destacó la Línea de la Vida, a través del número 800 911 2000, para brindar orientación y apoyo psicológico, así como el denominado ABC de las emociones, enfocado en la salud mental y el uso consciente de las redes sociales.
Estas iniciativas buscan complementar las medidas tecnológicas con orientación para niñas, niños, adolescentes y sus familias.
La prevención resulta especialmente importante ante situaciones de acoso digital, exposición a material sexual, amenazas, violencia y contenidos que puedan incentivar conductas autolesivas.
La participación de madres, padres, tutores, escuelas y especialistas también será relevante para identificar riesgos que no siempre pueden detectarse mediante herramientas automatizadas.
EL RETO SERÁ PASAR DEL ANUNCIO A LOS RESULTADOS
El decreto coloca a las plataformas digitales ante una mayor exigencia de responsabilidad en la protección de menores. Sin embargo, su impacto dependerá de que las obligaciones se traduzcan en cambios verificables y no permanezcan únicamente como compromisos públicos.
El plazo de 30 días será el primer punto de referencia para conocer las acciones reportadas por las empresas. Después, será necesario evaluar si disminuye la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos perjudiciales y si las denuncias reciben una respuesta efectiva.
También quedará por observar si el Gobierno federal considera suficientes las medidas adoptadas o decide avanzar hacia una legislación con sanciones específicas.
La protección de los menores en internet exige una combinación de prevención, supervisión, educación digital y rendición de cuentas. El desafío será garantizar entornos más seguros sin descuidar los derechos fundamentales de quienes utilizan las plataformas.
