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Firme oposición a los proyectos mineros en Oaxaca

Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras

Firme oposición a los proyectos mineros en Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

La producción minera no es compatible con la reducción de la pobreza, al contrario ha significado la destrucción de la vida de los pueblos, sobre todo indígenas, estableció la asociación de Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA).

Consideró que las violaciones en contra de los pueblos en México, pasan por la contaminación del aire, la tierra y el agua, además del despojo de los recursos y las agresiones en contra de quienes luchan por la salida de las mineras de su territorio.

En un documento, precisó que hasta julio de 2014, en Oaxaca se encontraban registrados 40 proyectos mineros en los que participaban 24 empresas registradas en Canadá, USA, Perú y Australia. 32 en etapa de exploración, 2 en etapa de producción comercial, ubicados en San José del Progreso (perteneciente a la trasnacional Fortuna Silver Mines Inc.) y San Pedro Totolapam (con el proyecto “El Águila” de la Gold Resource Corp). Cuatro más suspendidos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Talea de Castro y Capulálpam de Méndez.

“Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, mucho menos conocen sobre los graves impactos que este tipo de actividades ha generado en otros estados en los ámbitos: ambiental, social, político y cultural”.

Oaxaca es un estado con gran variedad en recursos mineros, tanto metálicos: cobre, zinc, y otros más, como no metálicos: agregados pétreos y según el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios “la producción minera de Oaxaca representa el 0.72% del valor total nacional, estando en primer lugar la plata, en segundo oro y en tercero plomo”.

Con la aprobación de las reformas estructurales, añadió, en particular la energética y la laboral, el gobierno mexicano se hace cómplice legal de las empresas que explotan los recursos y las fuerzas productivas de los pueblos de México, especialmente los que tienen mayor población indígena. Dichas reformas permiten la impunidad a la constante violación de derechos humanos por las empresas.

 

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