Para los habitantes de las diferentes comunidades indígenas donde el Gobierno Federal ha otorgado concesiones, las empresas mineras representan la principal amenaza que atenta contra los recursos naturales y la paz social.
Integrantes de asociaciones civiles que se han conformado para rechazar la instalación de estas empresas, señalan que en las últimas dos décadas el proyecto neoliberal-extractivista se ha profundizado en México, impulsando diversos proyectos amparados en tratados y acuerdos comerciales internacionales y una legislación que permite una violación sistemática a los derechos de pueblos y comunidades.
Documentaron que dentro de estos proyectos se encuentra la minería como uno de los ejes principales del modelo, por lo que estiman que en el país se encuentra concesionado el 30 por ciento del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.
Coinciden con organismos internacionales que estos proyectos han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria.
En el caso de Oaxaca, los últimos datos de la Secretaría de Economía señalan que se han entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros. Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.
Minas ponen en riesgo a comunidades
Actualmente existen dos minas en operación como la Minera Cuzcatlán en San José del Progreso y el Águila en San Pedro Totolapan, donde las empresas extranjeras extraen oro y plata, metales que son procesados en el norte del país.
En 2016, otra empresa intentó explorar en los territorios de San Juan Teitipac, sin embargo, a diferencia con otras comunidades que suelen dividirse por estos proyectos, la asamblea comunitaria impidió la operación de las máquinas.
Las organizaciones civiles han conformado grupos de observadores en los municipios donde se han otorgado concesiones, en algunos de estos se ha detectado la extracción irregular de minerales, pero con el consentimiento de autoridades municipales.
“Nunca dejaremos de defender nuestras tierras”
Para Rosalinda Dionisio Sánchez, originaria de la comunidad de San José del Progreso, la minería representa la principal fuente de contaminación de sus tierras, pues a más de 10 años de haberse constituido la Minera Cuzcatlán, “no hay desarrollo en el pueblo”.
“Con sueldos raquíticos tienen solo a un pequeño grupo de la comunidad trabajando en la empresa, los mejores pagados vienen desde el norte del país, la riqueza se lo llevan ellos a otros estados y otros países”.
Comentó que desde que inició su lucha para tratar de frenar la contaminación que genera la minera en el valle de Ocotlán, “hemos sufrido amenazas y atentados, en 2012 mataron a un compañero de lucha, en donde yo quedé lesionada, de milagro salvé la vida, ese es costo que estamos pagando quienes estamos defendiendo las tierras que nos heredaron nuestros antepasados”.
El rezago
Indicadores que miden el nivel de rezago de las comunidades, señalan que el municipio de San José del Progreso, está considerado como de alta marginación donde el 97.3 por ciento de la población tiene alguna carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.
Además el 27.2 por ciento padece inseguridad alimentaria leve; el 16.3 moderada y el 12.7 por ciento severa; en tanto el 37.4 por ciento se encuentra en rezago educativo y el 9.9 por ciento carencias por acceso a los servicios de salud, esto a pesar de que la comunidad se encuentra a escasos 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
“Esto refleja que el oro y plata que están extrayendo de nuestras tierras se los están llevando para enriquecer a otros estados, incluso a otros países, nuestra gente sigue padeciendo pobreza”, expuso Valentín Julián Cruz, autoridad comunal de Santa Catarina Minas.
Refirió que la lucha que emprendieron las comunidades indígenas, no es contra sus mismos paisanos, sino contra las grandes empresas extranjeras que están contaminando sus recursos naturales.
“En Santa Catarina decidimos unirnos para decir “no a la minería, sí a la vida”, porque si permitimos que se instalen nos van a contaminar los mantos acuíferos, nuestro medio ambiente y qué le vamos a dejar a nuestros hijos”.
Refieren que los gobiernos federal, estatal y municipal, conjuntamente con las empresas han desarrollado una serie de estrategias para presionar a los pueblos y sus autoridades municipales, agrarias y comunitarias para que acepten los trabajos de prospección, exploración y explotación minera.
Dentro de estas estrategias se encuentran los programas RRAJA (antes-Fanar-Procede), Proagro (antes Procampo), programas de conservación, además de coaccionar económicamente o bajo amenazas a las autoridades locales que están en oposición.
El actual gobierno estatal ha definido como una política de “desarrollo” económico impulsar con mayor fuerza los proyectos mineros, anunciando una inversión de 87.5 millones de dólares, lo que para estas comunidades no se traduce en un ingreso directo al presupuesto del Estado, y tampoco en mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades donde la minería se pretende desarrollar.
“Por el contrario profundiza la brecha de desigualdad y pobreza, ya que en la práctica las empresas únicamente entregan el 1 por ciento de sus ganancias totales repartidas entre el gobierno federal, estatal y municipales, por lo que este contexto violenta los derechos al territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la paz comunitaria, entre los más importantes”, mencionó José Juárez Cruz, quien en conjunto con las asociaciones civiles y autoridades de ejidos y agencias municipales del valle de Ocotlán promueven un foro denominado “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras”.
Reportes de asociaciones como Educa, las concesiones mineras se establecieron principalmente en los Valles Centrales y la Sierra Sur, desde Zimatlán, Ejutla, Ocotlán, Miahuatlán y Tlacolula, donde se encuentran al menos el 80 por ciento de los 41 proyectos mineros.
Para impedir la instalación de estas empresas, se crearon grupos comunitarios en defensa de sus territorios en más de 60 comunidades indígenas, bajo el lema “Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”.
