Habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla realizaron ayer una asamblea para exigir al Gobierno del Estado la reconexión del agua potable sin condicionamiento, a casi dos años de no contar con el vital líquido.

Los habitantes lamentaron que a la fecha carezcan del agua del manantial que les abastecía desde hace varias décadas, luego de que se agudizara un conflicto agrario con el municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo.

La asamblea demandó la reconexión del agua solo para San Pedro y San Pablo Ayutla, porque hasta la fecha no han firmado ningún acuerdo donde cedan parte del manantial ni de la tierra al municipio vecino.

El 13 de mayo, en un comunicado del Gobierno del Estado, se expuso que el mandatario Alejandro Murat Hinojosa atestiguó “la firma del acuerdo” para dar fin a la problemática que enfrentan los dos municipios, y que se agudizó hace casi dos años.

Sin embargo, las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla desmintieron hace unos días que hubiera una firma de acuerdo, pese al comunicado y las fotografías donde se observa al gobernador y a las autoridades de los municipios en conflicto.

Precisaron que ese día fueron convocados por las autoridades gubernamentales para dar seguimiento a la problemática al igual que sus vecinos de Tamazulápam, con los cuales no tuvieron diálogo alguno en ese momento.

Expusieron que su sorpresa fue que los reunieron cerca del gobernador para la toma de fotografías y durante un discurso que dio el mismo mandatario, pese a que no hubo documento alguno que firmaran para dar solución al conflicto.

Al enterarse un día después del boletín del Gobierno del Estado que anunciaba fin a la problemática, las autoridades de Ayutla emitieron un comunicado el 15 de mayo para desmentir la supuesta firma.

El gobernador había señalado que el agua del manantial se reconectaría a la brevedad, pero hasta ayer el municipio carecía aún del vital líquido.

En junio de 2017, habitantes de Tamazulápam dinamitaron las tuberías de agua de San Pedro y San Pablo Ayutla, luego de un enfrentamiento que dejó como saldo un hombre asesinado y varias mujeres retenidas, pero liberadas horas después.

Los habitantes de Ayutla no han podido reconectar los tubos al manantial ni acercarse a éste, ante las amenazas de sus vecinos de impedirlo con armas de fuego.

“Hay gran omisión del Estado para recuperar la paz”: Yásnaya

SINEMBARGO

El gobierno de México le quita todo a sus indígenas: el agua, las tierras y hasta las lenguas, reclama Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y activista.

Las autoridades se niegan a permitir que las comunidades logren su autonomía y provocan deterioro en los sistemas de educación y salud, señala Aguilar Gil, quien lleva años peleando por los derechos de los habitantes de Ayutla, en la zona mixe de Oaxaca.

“Hay que imaginar un futuro en el que toda la diversidad de pueblos y naciones pueda tener derecho a su autodeterminación. Debemos repensar nuestras maneras de relacionarnos con la naturaleza y con las formas de consumo. Acabar con los recursos es atentar contra la humanidad”, indica en entrevista con SinEmbargo.

–En México tenemos muchas naciones.

La tesis forma parte del texto El futuro es hoy. Lo que planteo es que el Estado mexicano ha construido la idea de que somos una sola nación, pero en realidad aquí hay muchas naciones, con territorios, lenguas, identidades en común que quedaron encapsuladas en el Estado mexicano. Han tratado de invisibilizar toda la historia que hay detrás. Se han dejado atrás lenguas distintas al español…

–Se continúan perdieron las lenguas.

–Se reporta que en 1820, cuando empieza la vida de este estado como un estado independiente, más o menos entre el 65 por ciento y el 70 por ciento de la población hablaba lengua indígena. Este país inicia con una mayoría hablante de la lengua indígena. Hoy somos el 6.5 por ciento, y cada vez se están perdiendo más las lenguas, pero eso no fue una decisión personal o efectos de la globalización, pues cualquier persona puede aprender una lengua y seguir manteniendo su lengua materna, pero ha habido una serie de políticas públicas, sobre todo después de la Revolución Mexicana, enfocadas a eliminar las lenguas indígenas.

En este país, las personas son discriminadas por hablar una lengua indígena en el salón de clases. Niñas, niños fueron golpeados, castigados. Y eso lamentablemente pasa todavía. Hay reportes de castigos físicos y psicológicos por hablar una lengua indígena en el salón de clases. Hay también una discriminación sistemática: el Estado sigue actuando como monolingüe en contextos multilingüe. No responde. No se garantiza cubrir intérpretes para el sistema judicial, por ejemplo, los que lo hacen son de la sociedad civil. El Estado no garantiza cubrir los intérpretes tampoco en el sistema de salud, ni en el educativo. A pesar de que hay proyectos de educación indígena, no hay suficiente esfuerzo para que la educación realmente se imparta en otras lenguas.

–¿Cuál sería el llamada a las autoridades?

–Que dejen de violar los derechos que ya están consagrados en la ley. El Estado es el principal violador de derechos. Hace poco se reportó el calvario que sufre una persona que quiere registrar a su hija. El Estado debería garantizar que en todos sus espacios se hablen lenguas. El Estado debe respetar la ley, lo cual es una paradoja. No capacitan funcionarios ni responden a estas políticas. Es importante que respondan a una realidad multilingüe. Que hagan un diagnóstico de cómo está la pérdida de las lenguas. El Estado no responde a la altura.

Como comunidades, muchos estamos emprendiendo acciones para frenar este tipo de despojo del territorio. La lucha por las lenguas no puede entenderse sin la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas. Los pueblos debemos tener injerencia en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de impartición de justicia, nuestros territorios, nuestro sistema educativo. Si el Estado sigue decidiendo, si no deja que participemos, pues seguirá habiendo una educación monocultural, monolingüe.

Uno de los principales retos de los pueblos indígenas es la defensa del territorio. Con los megaproyectos se está afectando. ¿Cómo vamos a trabajar y a fortalecer esas lenguas cuando algo básico en el territorio, como el agua, está siendo atentada? No se respetan los protocolos internacionales ni los convenios que México ha firmado sobre cómo se debe hacer una consulta. Hay una trayectoria, todo un marco legal que obliga al Estado mexicano a hacer la consulta de cierta manera.

–¿Cuál es el panorama con la nueva administración?

–A los pueblos indígenas se les consulta de una manera distinta. La consulta que afecta a los territorios tiene que responder a diferentes lineamientos. Muchas veces no se hacen por urnas, sino por asambleas. La decisión debe ser informada, libre y se deben cubrir ciertos mecanismos. Ya está firmado. El Estado está obligado, si no lo hace, viola la Ley. Se debe consultar a los pueblos indígenas.

–Dijiste en el Congreso que la mitad de las lenguas van a desaparecer en un siglo.

–Sí, esa es una predicción que hacen especialistas y la Unesco. Se calcula que en 100 años, más de la mitad de las lenguas del mundo habrán desaparecido. Es consecuencia de la conformación de los estados nacionales. En su idea de homogeneidad, lo hicieron. Se destinó dinero público, políticas públicas. Buscaron erradicar las lenguas indígenas en el país.

–¿Qué acciones llevan a cabo las comunidades para frenar la extinción de las lenguas?

–En el país hay diferentes iniciativas. En Oaxaca, por ejemplo, hay una asociación civil que está luchando por los derechos lingüísticos en el sistema judicial y en el sistema de salud. Precisamente iniciaron, junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la primera maestría en todo el país en interpretación y traducción de las lenguas indígenas. Se necesita un sistema educativo más autónomo para que se pueda responder a las necesidades de los pueblos indígenas. Es difícil: el estado debe soltar el control. No puede haber una sola visión educativa para todo el país. Cada pueblo debe decidir cómo impartir esa educación. Las lenguas pasan por el reconocimiento al derecho a la autonomía.

–Cuéntanos sobre esa búsqueda en tu comunidad, Ayutla Mixe.

–Ayutla es una comunidad. Forma parte de la región Mixe. Se rige por sistemas normativos internos diferentes a los que se manejan en los demás municipios del país. En mi comunidad no hay campañas políticas. La presidencia municipal y el cabildo no se eligen con campaña, sino como servicio. Hay un sistema de cargos. No se busca el poder, sino que se determina por los servicios que haya dado la persona. Así se determina. Y no hay remuneración. En mi comunidad, la Asamblea es el órgano más importante y el más alto en la jerarquía de determinaciones. La Asamblea general determina los rumbos que va a tomar la comunidad. En mi comunidad hay una gran participación política de mujeres. Mi comunidad fue la primera comunidad Mixe en elegir una presidenta municipal y desde entonces se han elegido tres. Además las mujeres están presentes en diferentes cargos del cabildo comunitario. Hay autonomía.

Hemos tenido un problema muy grave por el acceso al agua. Llevamos casi dos años sin agua. No tenemos acceso al manantial. Todo el trabajo fue destruido por un grupo armado. Nunca se habían dado esos niveles de violencia. Fuimos atacados a plena luz del día. Hubo heridos y murió un compañero. Cuatro mujeres fueron secuestradas y liberadas después. Hemos estado en mesas de diálogo, pero hay una gran omisión por parte del gobierno de Oaxaca. Nos enviaron dos pipas de agua sin agua. Una burla.

–¿Cómo permite el Estado que sus comunidades estén sin agua?

–Es un estado totalmente omiso. Se criminaliza a la comunidad atacada. Si hay señalamientos, no hay respuesta.

–¿Qué le dices a la autoridad que no atiende la situación?

Pedimos la atención inmediata, la conexión del agua para frenar la crisis humanitaria. Ya con agua podemos sentarnos a resolver los retos. Sin agua es difícil. Ni en los tratados de guerra está permitido cortar el acceso al agua. Eso pasa con la Termoeléctrica de Morelos. Se necesita muchísima agua para esos proyectos. La minería en nuestros territorios también pone en riesgo nuestro acceso al agua. El acceso al agua es un reto que enfrentará la humanidad, grandes reservas están en territorios indígenas. Todo es parte de algo global. Los pueblos estamos resistiendo.

–¿Es posible imaginar otro futuro?

–Hay que imaginar un futuro en el que toda la diversidad de pueblos y naciones pueda tener derecho a su autodeterminación. Debemos repensar nuestras maneras de relacionarnos con la naturaleza y con las formas de consumo. Acabar con los recursos es atentar contra la humanidad.