No fue solo el ambiente de fiesta lo que creó ese efecto; fue la suma de smartphones en todos los bolsillos, plataformas cada vez más accesibles y una regulación que, después de décadas de rezago, comenzó por fin a moverse.
Los números lo confirman. La Ciudad de México recaudó 166 millones de pesos en impuestos al juego durante el primer semestre de 2026, un incremento del 73% frente al mismo periodo del año anterior, según datos publicados por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina. Esa cifra no describe solo a más apostadores: describe también a más apostadores que ya operan dentro del sistema formal. Ambas cosas importan.
La reforma fiscal que nadie vio venir
El primero de enero de 2026, con el nuevo año apenas estrenado, entró en vigor una modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a los juegos con apuestas y sorteos. La tasa subió del 30% al 50% sobre el monto total apostado, uno de los saltos más pronunciados en la historia reciente del sector. La reforma además alcanó a las plataformas digitales extranjeras: si el usuario está en México, el operador queda obligado a tributar, independientemente de dónde esté constituida la empresa.
Para los operadores fue un golpe. Para el fisco, una oportunidad. Para el apostador de a pie, la reforma tuvo un efecto más silencioso: empujó a las plataformas sin licencia hacia una zona aún más gris, y dejó en mejor posición a las que sí cuentan con autorización de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El problema de fondo es que esa autorización sigue siendo escasa y difícil de rastrear. Según estimaciones de la propia industria, más del 60% del mercado de apuestas en México opera fuera de los canales formales. Para quien quiera saber con cuáles plataformas moverse con mayor seguridad, existe información comparada sobre las principales casas de apuestas en México que cuentan con autorización de la SEGOB, lo que evita tener que revisar uno por uno los términos de cada operador.
Todo esto ocurre, además, bajo un marco normativo que tiene décadas de antigüedad. La Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en 1947 y con un reglamento actualizado por última vez en 2023, sigue siendo la base legal del sector —una ley anterior a Internet que el Congreso lleva años intentando modernizar sin llegar a un acuerdo.
Una ley de 1947 en el siglo XXI
Esa brecha legal explica muchas cosas: por qué es tan fácil encontrar plataformas que operan sin permiso, por qué los mecanismos de protección al usuario son débiles, y por qué el sector sigue siendo territorio fértil para abusos. La Secretaría de Gobernación expresó en septiembre de 2025 su intención de reformar esa ley. A septiembre de 2026, la reforma todavía no ha llegado al Congreso.
Un dato que el Congreso sí empezó a tomar en serio fue la opacidad del sistema de licencias: en mayo de 2026, legisladores exigieron a la SEGOB un registro público de autorizaciones de apuestas y casinos, algo que hasta entonces no existía de forma accesible para el ciudadano común.
El boom que nadie esperaba a esa velocidad
El mercado mexicano de juegos de azar en línea pasará de un valor estimado de 0.84 billones de dólares en 2025 a 1.96 billones de dólares hacia 2031, según el estudio Mexico Online Gambling Market de Mordor Intelligence. Las apuestas deportivas concentran el 56% de ese mercado y se proyectan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa anual de casi 18%.
¿Qué hay detrás de esa expansión? Tres factores concretos: la penetración del smartphone (63% de las apuestas online ya se hacen desde el celular), la digitalización de los pagos —favorecida por la inversión fintech que en 2023 superó los 828 millones de dólares en México—y el cambio de hábitos entre los menores de 25 años, el segmento de mayor crecimiento dentro del sector.
El crecimiento del segmento joven también preocupa desde otro ángulo: en junio de 2026, una diputada alertó en el Congreso sobre el aumento de las apuestas entre adolescentes y cuestionó el desfase entre la velocidad del mercado y la lentitud regulatoria.
Lo que el apostador mexicano debería saber
Más allá de la fiebre post-mundialista, apostar en línea tiene implicaciones prácticas que conviene conocer. La primera: las ganancias obtenidas a través de plataformas de apuestas deben declararse como ingresos ante el SAT. No hay un mínimo exento. La segunda: el mercado ilegal sigue siendo grande, y las plataformas sin licencia no tienen obligación de responder si hay un problema con un retiro o con los fondos depositados.
La tercera —y quizás la más importante— es que el diseño de las apuestas deportivas en línea está optimizado para la retención, no para el beneficio del usuario. Las cuotas incluyen siempre un margen a favor del operador. Eso no convierte a las apuestas en algo ilícito, pero sí las aleja bastante de una inversión o de una fuente de ingreso sistemática.
Conclusión
México está en medio de una transformación acelerada de su mercado de apuestas, impulsada por el Mundial, la tecnología y una reforma fiscal que cambió las reglas a mitad del partido. La regulación va detrás de la realidad, como suele ocurrir, y el consumidor queda en el medio: con más opciones que nunca, pero también con más riesgos si no elige bien.
La presión legislativa para transparentar las licencias y modernizar la Ley de Juegos y Sorteos apunta en la dirección correcta. Mientras ese proceso avanza, la responsabilidad práctica sigue recayendo en quien apuesta: elegir plataformas con respaldo legal, conocer las implicaciones fiscales y tener claro desde el principio que el entretenimiento tiene un costo real.
