Ingresar a una playa en México podría dejar de ser un lujo o un “favor” otorgado por hoteles, fraccionamientos o intereses privados. Con una reforma aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre, se busca garantizar el acceso libre, gratuito y permanente a todas las playas del país para turistas nacionales, internacionales y población local.
La iniciativa —presentada por los legisladores Ricardo Monreal y Enrique Vázquez Navarro— responde a una práctica común pero irregular: el cobro por acceder a zonas costeras, especialmente en estados como Quintana Roo. Donde la privatización silenciosa de playas ha sido una queja constante de locales y visitantes.
¿QUÉ CAMBIA LA NUEVA REFORMA?
La propuesta plantea agregar un nuevo artículo a la Ley General de Bienes Nacionales. Con la intención de establecer que el acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre.
“Será libre, gratuito y permanente para todas las personas sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.”
Esto obliga a autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar accesos desde vías públicas, y prohíbe cualquier tipo de cobro, cuota o condición restrictiva. Salvo en casos específicos como protección ambiental, seguridad o por razones de interés nacional.
LOS QUE COBREN, PIERDEN
Uno de los puntos clave de la reforma es que quien no respete el libre acceso podrá perder la concesión o permiso que tenga sobre zonas federales. Así lo establece el artículo 127 de la ley. El cual señala que negar el acceso público a las playas será causa de revocación inmediata.
Además, se prevé que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realice inspecciones semanales —preferentemente en domingos o días festivos— para verificar el cumplimiento de esta nueva disposición.
VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Aunque se fortalece el derecho de libre acceso, también se establece que los visitantes tendrán la obligación de cuidar los ecosistemas y respetar medidas ambientales. Es decir, se abre la puerta, pero con reglas.
La propuesta ya fue turnada al Senado, donde deberá discutirse en comisiones y votarse en el Pleno antes de convertirse en ley vigente.
PRIVATIZACIÓN SILENCIOSA, UN PROBLEMA HISTÓRICO
Este intento de recuperar el carácter público de las playas no es nuevo, pero cobra fuerza en un contexto donde cada vez más zonas costeras han sido bloqueadas por desarrollos inmobiliarios, hoteles o complejos turísticos que imponen restricciones, cobran cuotas o simplemente cierran accesos a quienes no son clientes.
La reforma busca romper esa tendencia, con una legislación clara que proteja los derechos de la población frente a la apropiación indebida del espacio público.
¿Y SI LA LEY SE QUEDA EN PAPEL?
La pregunta crítica es: ¿será esta reforma verdaderamente aplicada? Experiencias anteriores han demostrado que la ley y la realidad muchas veces viven en mundos distintos. Especialmente cuando existen intereses económicos de por medio.
Por ahora, el paso en la Cámara de Diputados marca un avance importante. Sin embargo, todo dependerá de la voluntad política para hacerla cumplir, la vigilancia ciudadana y el respaldo judicial para sancionar a quienes insistan en vender lo que nunca les ha pertenecido.
