Un hombre identificado como Arsenio R. B. fue sentenciado a 39 años y 9 meses de prisión por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado cometidos contra una joven con discapacidad múltiple en el municipio de Santa María Colotepec, en la región de la Costa de Oaxaca.
De acuerdo con la investigación judicial, los ataques ocurrieron el 29 de noviembre y el 11 de diciembre de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Libertad. El agresor, quien formaba parte de la familia política de la víctima, la amenazó para impedir que denunciara los hechos.
INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN DEL RESPONSABLE
Tras conocerse el caso, se inició una investigación que permitió emitir una orden de aprehensión contra el acusado. Agentes estatales dieron cumplimiento al mandato judicial y lo presentaron ante el Tribunal de Enjuiciamiento, donde se desarrolló el proceso penal.
Durante el juicio, las pruebas presentadas por la autoridad ministerial demostraron la responsabilidad penal de Arsenio R. B. en ambos delitos.
El tribunal dictó 33 años de prisión por violación equiparada agravada y 6 años con 9 meses por abuso sexual agravado, además de una reparación económica del daño a la víctima.
UN CASO QUE REVELA LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
El caso expone la doble condición de vulnerabilidad que enfrentan mujeres y adolescentes con discapacidad en contextos familiares y rurales, donde las agresiones sexuales suelen permanecer ocultas por miedo o dependencia económica.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han advertido que los delitos sexuales contra mujeres con discapacidad tienden a ser subregistrados y subinvestigados, lo que dificulta el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
URGE REFORZAR LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Aunque la sentencia representa un avance judicial, especialistas en género advierten que la prevención sigue siendo la gran deuda institucional.
La protección efectiva de mujeres, niñas y adolescentes —especialmente aquellas con discapacidad— requiere políticas públicas de acompañamiento psicológico, social y jurídico sostenidas en el tiempo.
De acuerdo con cifras oficiales, Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de delitos sexuales contra mujeres, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y respuesta inmediata ante denuncias.
