Un caso de presunta extorsión que incluyó amenazas telefónicas, exigencias económicas y ataques armados contra una propiedad derivó en el inicio de un proceso penal contra un hombre señalado como probable responsable de los hechos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.
Las investigaciones establecen que desde abril de 2023 una de las víctimas comenzó a recibir llamadas y mensajes de voz en los que se le advertía sobre posibles afectaciones a su patrimonio y actividades comerciales si no realizaba determinados pagos.
Las amenazas habrían escalado semanas después. El 7 de mayo de ese mismo año, personas que se desplazaban en motocicleta dispararon contra un inmueble relacionado con las víctimas, provocando daños materiales.
Tras el ataque, continuaron los mensajes intimidatorios en los que se exigían cantidades que oscilaban entre los 30 mil y 60 mil pesos, presuntamente a cambio de evitar nuevas agresiones.
CASI TRES AÑOS DESPUÉS, EL CASO AVANZA
Luego de diversas investigaciones y trabajos de inteligencia, fue ejecutada una orden de aprehensión contra un hombre identificado con las iniciales A.M.Z., quien fue detenido el pasado 28 de mayo de 2026.
Durante la audiencia correspondiente, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión telefónica y ordenó que permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el desarrollo del caso.
Aunque el avance judicial representa un paso importante para las víctimas, el caso también evidencia la complejidad de perseguir delitos de extorsión, los cuales suelen prolongarse durante meses o incluso años antes de llegar a una resolución inicial.
LOS PRÉSTAMOS “GOTA A GOTA”, UNA AMENAZA CRECIENTE
En un hecho distinto ocurrido en Puerto Escondido, salió a la luz otro fenómeno que ha generado preocupación en diversas regiones del país: los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
De acuerdo con la denuncia presentada por una persona afectada, durante abril de 2026 recurrió a diversos financiamientos otorgados por particulares. Sin embargo, las cuotas diarias exigidas comenzaron a representar una carga económica que afectó gravemente su patrimonio.
La situación se agravó cuando presuntamente comenzaron las amenazas relacionadas con el cobro de los adeudos.
DENUNCIAN INTIMIDACIONES CONTRA UNA FAMILIA
Según la carpeta de investigación, el episodio más reciente ocurrió el 30 de abril de este año, cuando la víctima sostuvo un encuentro en el centro de Puerto Escondido con una mujer identificada como Y.M.R.A., de nacionalidad colombiana.
Durante la reunión, presuntamente se emitieron amenazas e intimidaciones no sólo contra la persona afectada, sino también contra integrantes de su familia.
Ante la situación, la víctima solicitó apoyo de elementos de seguridad, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes y llevar el caso ante una autoridad judicial.
Actualmente, el expediente permanece en espera de que se programe la audiencia respectiva para determinar la situación legal de la persona señalada.
DELITOS QUE AFECTAN MÁS ALLÁ DE LO ECONÓMICO
Ambos casos reflejan una problemática que va más allá de las pérdidas monetarias. Tanto la extorsión como los esquemas de préstamos irregulares suelen generar miedo, presión psicológica y un ambiente de incertidumbre para las víctimas y sus familias.
Especialistas en seguridad han advertido que los mecanismos de cobro violento asociados a redes de préstamos informales continúan expandiéndose en distintas ciudades del país, mientras que la extorsión sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto en comerciantes y pequeños empresarios.
Finalmente, los procesos judiciales iniciados en estos casos representan un avance en la búsqueda de responsabilidades, aunque también ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, denuncia y atención a víctimas para evitar que estos delitos sigan creciendo en distintas regiones de Oaxaca.
