Un hombre identificado por las autoridades como M.A.G.G. fue vinculado a proceso por su presunta participación en un caso de extorsión relacionado con el cobro de piso en el municipio de Santa María Atzompa, donde una víctima denunció haber sido obligada a entregar dinero bajo amenazas para poder continuar con una actividad económica.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, los hechos se remontan a noviembre de 2024. Cuando la víctima y su pareja se encontraban en un domicilio ubicado en el paraje conocido como “La Mesita”. Esa noche escucharon amenazas provenientes de la vía pública y, al salir para verificar lo ocurrido, se encontraron con tres sujetos que presuntamente los intimidaron utilizando un arma de fuego.
EXIGÍAN DINERO PARA PERMITIR EL ARRENDAMIENTO DE HABITACIONES
Las indagatorias señalan que los agresores exigieron el pago de 70 mil pesos a cambio de permitir que la víctima continuara rentando habitaciones de una propiedad de su pertenencia.
Ante el temor generado por las amenazas, la persona afectada entregó inicialmente cinco mil pesos. Posteriormente realizó otros pagos que, en conjunto, sumaron 30 mil pesos, sin que ello terminara con las exigencias económicas.
El caso refleja una modalidad delictiva que afecta cada vez más a pequeños propietarios, comerciantes y emprendedores. Quienes en ocasiones se ven obligados a pagar cuotas ilegales para continuar desarrollando sus actividades económicas.
DETENCIÓN Y PROCESO JUDICIAL
Tras la denuncia, las autoridades reunieron elementos de prueba que permitieron identificar a uno de los presuntos responsables y obtener una orden de captura en su contra.
El imputado fue detenido mediante un operativo policial y posteriormente presentado ante un juez. Quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal por el delito de extorsión.
Como medida cautelar, el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias, para las cuales se estableció un plazo de dos meses.
EL COBRO DE PISO, UNA AMENAZA PARA LA ECONOMÍA LOCAL
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de esquemas de extorsión y cobro de piso que afectan la seguridad y la actividad económica en diversas regiones del estado.
Especialistas en seguridad han advertido que este delito genera pérdidas económicas, inhibe la inversión y provoca que muchas víctimas opten por no denunciar por miedo a represalias. Por ello, consideran fundamental fortalecer los mecanismos de protección para quienes deciden acudir ante las autoridades y romper el ciclo de impunidad que suele rodear estos casos.
Aunque la vinculación a proceso representa un avance en la investigación, el desafío sigue siendo garantizar que las víctimas cuenten con condiciones seguras para denunciar y que este tipo de prácticas no se normalicen en comunidades donde el temor suele imponerse sobre la justicia.
