Luis Alberto M. Z., hijo del ex presidente municipal de Ocotlán de Morelos, fue condenado en marzo de este año a cinco años de prisión por el delito de violencia familiar. Sin embargo, a pesar de las pruebas documentadas de intento de feminicidio contra su entonces pareja, Daniela E. B., el agresor sigue en libertad y su sentencia está apelada. A cinco meses del fallo judicial, la confirmación de su castigo continúa en suspenso.
Las agresiones, documentadas en video y denunciadas desde 2019, muestran actos brutales que ponen en evidencia un intento claro de asesinato. Aun así, el delito no fue clasificado como tentativa de feminicidio, lo que ha generado indignación entre organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y sectores sociales que denuncian la revictimización institucional y la impunidad alentada por relaciones de poder político y económico.
UN CASO QUE RETRATA EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD EN OAXACA
Los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2019. Daniela logró sobrevivir tras escapar por un balcón con su mascota en brazos. Un video que recientemente volvió a circular en redes sociales muestra el momento en que Luis Alberto la toma por el cuello, la golpea y la acorrala, mientras ella intenta salvar su vida de manera desesperada.
Lejos de recibir justicia, la víctima ha enfrentado una cadena de obstáculos legales. El sistema judicial no reconoció el intento de feminicidio y apenas lo sancionó por violencia familiar. Aunque fue encontrado culpable en la causa penal 318/2020, el juez dictó la pena mínima. Desde entonces, el agresor ha permanecido libre y, según fuentes cercanas al caso, podría estar actualmente fuera del país.
LA PROTECCIÓN DEL PODER: VÍNCULOS FAMILIARES Y COMPLICIDAD INSTITUCIONAL
El caso ha sido señalado por organizaciones feministas como un ejemplo claro de cómo la impunidad se sostiene gracias a las relaciones de poder. Luis Alberto M. Z. es hijo de un ex edil de Ocotlán de Morelos y ha contado con respaldo económico y político para evadir la justicia.
Este tipo de protección institucional no solo impide que se haga justicia para Daniela, sino que pone en riesgo a otras mujeres. Su permanencia en libertad representa una amenaza latente mientras se prolonga el proceso de apelación.
OAXACA: CIFRAS ALARMANTES Y JUSTICIA SELECTIVA
La situación de violencia contra las mujeres en Oaxaca continúa siendo alarmante. De acuerdo con organizaciones feministas, desde el inicio del gobierno de Salomón Jara hasta el 28 de agosto de este año, se contabilizan 260 mujeres asesinadas de forma violenta, pero solo una fracción de estos crímenes son investigados como feminicidios.
El caso de Daniela no es un hecho aislado: forma parte de una estructura que protege a los agresores y deja desamparadas a las víctimas. La omisión, la clasificación errónea de los delitos y la inacción de las autoridades fortalecen un sistema donde la justicia se vuelve privilegio.
FEMINISTAS EXIGEN JUSTICIA REAL Y FIN A LA IMPUNIDAD
Colectivas feministas y defensoras de derechos humanos han alzado la voz para exigir que el caso de Daniela no quede impune. Exigen que el proceso contra Luis Alberto M. Z. se reconsidere bajo la figura de tentativa de feminicidio y que se deje de proteger a los agresores por sus vínculos familiares o políticos.
Para muchas mujeres, lograr sobrevivir no es suficiente: deben también sobrevivir al sistema judicial. Daniela lo ha dicho con claridad: de no haber escapado, hoy sería una víctima más en las estadísticas que crecen cada año en el estado.
