La violencia sexual contra menores de edad continúa dejando una profunda herida en Oaxaca. Esta vez, la captura de un hombre identificado como A.R.P., acusado de violación equiparada contra una adolescente, volvió a encender las alarmas en la región de los Valles Centrales.
El hecho ocurrió en 2025, pero fue hasta esta semana que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención del presunto agresor en Santo Tomás Jalieza, tras ejecutarse una orden de aprehensión.
LA DETENCIÓN: UN PASO, NO UNA SOLUCIÓN
A.R.P. fue ubicado y arrestado por agentes adscritos a la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, y posteriormente presentado ante el Ministerio Público, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.
Si bien la captura representa un avance, activistas y colectivos por los derechos de las mujeres insisten en que no debe tratarse de un caso aislado:
“Necesitamos procesos judiciales rápidos y justos, no solo carpetas abiertas sin resultados”, advirtieron.
DELITO GRAVE, RESPUESTA TARDÍA
La figura penal de violación equiparada implica agresiones sexuales cometidas en condiciones específicas —por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad o está en situación de vulnerabilidad—. Lo cual agrava la responsabilidad penal del imputado.
Colectivos feministas han señalado que muchos de estos casos se denuncian con miedo y se investigan con lentitud. Lo que deja a las víctimas en indefensión y a los agresores en libertad por tiempo prolongado.
PROTOCOLOS DE GÉNERO Y REALIDADES
Las autoridades aseguran que en este caso se aplicaron los protocolos con perspectiva de género. Una medida que busca garantizar el respeto a los derechos de la víctima y evitar la revictimización.
No obstante, expertos advierten que el cumplimiento de estos protocolos aún es irregular y depende mucho del personal que atiende los casos.
JUSTICIA QUE NO DEBE TARDAR
La detención de A.R.P. abre un nuevo capítulo en la lucha por la justicia para las víctimas de violencia sexual en Oaxaca. Ahora, el foco debe centrarse en garantizar un proceso transparente, en el que la víctima y su familia reciban protección, acompañamiento psicológico y, sobre todo, una resolución judicial efectiva.
Porque mientras haya impunidad, ningún arresto será suficiente para frenar una violencia estructural que sigue cobrando víctimas en silencio.
