El nombre de Pablo Ruiz Córdova se convirtió en tendencia desde el pasado 13 de abril tras ser señalado como el presunto responsable de un ataque brutal contra su pareja en el municipio de Cintalapa, Chiapas.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre acudió al domicilio de Ana Luisa, de 27 años. Donde una discusión derivó en agresiones físicas. La violencia escaló hasta que el sujeto presuntamente utilizó un machete para amputarle ambas manos, dejándola al borde de la muerte debido a la pérdida masiva de sangre.
UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO
Tras el ataque, fueron los hijos menores de la víctima quienes pidieron ayuda a familiares. Ana Luisa fue trasladada de emergencia en un mototaxi, recibiendo apoyo en el camino por parte de elementos de Protección Civil. Lo que resultó clave para que pudiera llegar con vida a un hospital.
Reportes recientes indican que la víctima permanece hospitalizada, sedada y bajo observación médica. Además de la amputación, presenta lesiones en la cabeza y el tórax.
AGRESOR PRÓFUGO Y CON RECOMPENSA
Luego de cometer el ataque, Pablo Ruiz Córdova huyó y hasta ahora no ha sido localizado. La Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene un operativo de búsqueda y ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información que permita su captura.
De manera extraoficial, se ha señalado que el agresor habría incumplido una orden de restricción previa para acercarse a la víctima.
PODRÍA ENFRENTAR DÉCADAS EN PRISIÓN
Las autoridades informaron que el caso será procesado como feminicidio en grado de tentativa. Conforme al Código Penal de Chiapas, este delito contempla penas que van de 45 a 65 años de prisión, además de sanciones económicas.
VIOLENCIA QUE EVIDENCIA FALLAS
El caso ha generado una fuerte reacción social no solo por la brutalidad del ataque, sino por los antecedentes de violencia y la presunta omisión en la aplicación efectiva de medidas de protección.
Finalmente, la existencia de una orden de restricción que no logró prevenir la agresión reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos institucionales para salvaguardar a víctimas de violencia de género. Especialmente en contextos donde las denuncias previas no se traducen en protección real.
