Un día después del violento asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el uso de armas de alto poder durante el ataque que también cobró la vida de un representante comunitario. La agresión ocurrió el domingo 15 de junio en pleno Palacio Municipal, y dejó en evidencia el nivel de violencia con el que se operó.
“Lamentamos profundamente esta muy lamentable situación. Como Fiscalía, repudiamos estos actos de violencia y expresamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas”, declaró en conferencia el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla.
60 casquillos y ejecución en seis minutos
De acuerdo con la información oficial, cinco sujetos armados a bordo de dos motocicletas ingresaron al poblado por distintos accesos y perpetraron el ataque entre las 11:40 y las 11:46 horas. Las víctimas fueron la alcaldesa Érika García Soto y un ciudadano de Agua Caliente que se encontraba en audiencia para gestionar un camino comunitario.
En el lugar, la Fiscalía localizó un total de 60 casquillos percutidos:
49 de calibre .223,
4 de calibre 5.56,
7 de calibre 9 mm,
Lo que demuestra el uso de armamento de uso exclusivo militar y una clara intención letal.
“El ataque fue directo, violento y en cuestión de minutos”, sostuvo el fiscal Rodríguez Alamilla, confirmando que se trató de una ejecución planificada y no de un acto circunstancial.
Múltiples líneas de investigación: política, corrupción y crimen ambiental
La Fiscalía reveló que se encuentran activas cinco líneas de investigación preliminares, relacionadas con el contexto político, social y delictivo en el que se desarrollaba la función de la alcaldesa asesinada:
Denuncia ante la FGR por presunto fraude relacionado con fondos para reconstrucción tras el huracán Agatha, presentada por la edil.
Robo de recursos públicos: una denuncia por 132 mil pesos desaparecidos en 2023 y otra por falsificación de firma en 2024, ambas presentadas por la presidenta municipal.
Oposición al tráfico ilegal de madera, conflicto persistente en la región con actores no identificados aún, pero con intereses económicos importantes.
Tensiones políticas internas, derivadas de disputas heredadas de administraciones anteriores.
Posibles conflictos comunitarios o sociales aún en análisis.
“Seguimos tomando declaraciones y profundizando en cada línea para determinar cuál o cuáles podrían estar directamente relacionadas con el crimen”, agregó el fiscal.
Seguridad y justicia, en el centro del reclamo
Tras el ataque, se desplegó un operativo conjunto con presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA, SEMAR y la propia Fiscalía, para brindar contención en el municipio y facilitar el inicio de la investigación.
Rodríguez Alamilla dejó claro que no habrá impunidad en este caso:
“La Fiscalía está comprometida en dar con los responsables, honrar la memoria de la presidenta y garantizar justicia a su familia y a la comunidad.”
Mientras tanto, la población permanece en estado de conmoción y temor, exigiendo no solo justicia, sino protección para autoridades locales, quienes —particularmente en zonas rurales— quedan expuestas al crimen organizado y a conflictos sin mediación institucional efectiva.
Amanera de conclusión
La ejecución de la presidenta municipal de San Mateo Piñas no es un hecho aislado, sino el reflejo de una violencia política que ha ido escalando en regiones vulnerables del país, donde el crimen, la corrupción y la impunidad se entrelazan.
El desafío ahora no solo es encontrar a los responsables, sino demostrar que el Estado mexicano puede proteger a sus autoridades locales y que la lucha contra el crimen no se detiene en los escritorios ni en los discursos.
