En el municipio de Madero, Michoacán, los defensores del medio ambiente se enfrentan a una nueva forma de violencia: extorsión y ataques directos por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha operado en la región durante más de una década bajo el mando de Ángel Herrera, alias “Sierra 1” o “El Apá”.
EXTORSIÓN SISTEMÁTICA Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Resineros y campesinos denuncian que el CJNG les exige hasta 50% de sus ganancias por la venta de resina de pino, uno de los principales productos de Michoacán. Cada kilo de resina, valorado en más de 400 pesos, se convierte en un botín criminal.
El caso de Modesto Gutiérrez, padre de siete hijos, es un ejemplo trágico: tras pagar solo una fracción de lo exigido —50 mil pesos de medio millón solicitado— fue asesinado y hallado en un camino serrano.
ATAQUES ARMADOS CONTRA DEFENSORES
Entre el 6 y 7 de noviembre de 2025, comandos armados del CJNG atacaron las viviendas de Javier Gómez y Guillermo Saucedo Gamiño, del Comité Ecológico del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero.
Primero, un Camaro gris disparó contra la casa de Gómez, dejando una mujer muerta y su esposo herido. Horas después, dos camionetas intentaron asesinar a Saucedo, quien logró escapar hacia un cerro. Esa misma noche, un tercer tiroteo buscó nuevamente a los ambientalistas, quienes sobrevivieron escondidos hasta el amanecer.
AUSENCIA Y POSIBLE COLUSIÓN DE AUTORIDADES
La falta de respuesta oficial ha generado un clima de indefensión. Los ambientalistas solicitaron apoyo al alcalde Juan Carlos Gamiño, pero la respuesta fue escueta: “No puedo. No me hacen caso”, en referencia a los 12 policías municipales bajo su mando.
Testigos aseguran que la policía local mantiene vínculos con el crimen organizado, incluso con reuniones de hombres armados en la presidencia municipal. Además, se ha documentado que parte del presupuesto municipal se destina a los criminales, lo que evidencia una simbiosis entre poder político local y narco.
OPERATIVOS INSUFICIENTES Y AMENAZAS CONSTANTES
Los patrullajes de la Guardia Civil y Guardia Nacional han sido esporádicos y no logran desarticular las células criminales en comunidades como El Sangarro, Etúcuaro, El Capulín y Villa Madero.
Los ambientalistas redujeron sus recorridos tras secuestros previos y las amenazas continúan en redes sociales, señalando a líderes como Julio Santoyo Guerrero, académico y miembro del Consejo Estatal de Ecología.
IMPACTO SOCIAL Y CRIMINALIDAD GENERALIZADA
La extorsión se extiende más allá de los ambientalistas: aguacateros, limoneros y frutilleros también entregan cuotas elevadas. La muerte del maestro mezcalero Sergio Rangel Vieyra, ejecutado en mayo, y otros enfrentamientos con más de seis muertos reflejan el carácter ejemplar de los asesinatos para disciplinar a los que se resisten.
