Libera juez a dos presuntos narcotraficantes
La FGR va a apelar la determinación de este juez, informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo García Berdeja
Álvaro Niño Cruz, juez de control en Oaxaca, ordenó la libertad de dos hombres que transportaban 600 kilogramos de cocaína y agredieron al personal de la Secretaría de Marina (Semar).
Las actuaciones de algunos jueces federales ponen en riesgo la seguridad en México, ya que con sus resoluciones han liberado a traficantes de drogas o se exceden en sus facultades”, señaló al respecto en La Mañanera de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.
El juzgador calificó de ilegal la detención al argumentar que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva, donde supuestamente la Armada de México no cuenta con facultades legales, dijo. Ante esta determinación, la Fiscalía General de la República (FGR) apelará esta determinación.
Mejía Berdeja resaltó que lo grave de este asunto fue que cuando el personal naval aseguró una embarcación menor, los implicados realizaron o trataron de disparar contra la aeronave de la Semar, soltaron una lona para enredarla en el fuselaje de la aeronave para causarle daño y evitar que continuara con la operación.
No obstante, todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad, aquí ya nada más faltaba que el juez les regresara los 600 kilogramos de cocaína”, señaló.
Aquí lo importante es que este juez no consideró las disposiciones del Derecho Marítimo Internacional que obligan a los estados parte por medio de sus buques y aeronaves a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes e inspeccionar las embarcaciones sin nacionalidad en altamar. Esto está soportado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; en la Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y en la propia Constitución Política de la República, que establece la obligatoriedad de los tratados de carácter internacional”, finalizó.
