Cuando aún no nos reponíamos de asesinato del candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, por el distrito electoral de Ejutla de Crespo, Emigdio López Avendaño y cuatro personas más, en inmediaciones de Yogana, Ejutla, nuevos acontecimientos se vinieron a sumar a la cadena de ilícitos con los que manos criminales pretendieran entorpecer el proceso electoral cuyo desenlace es el próximo domingo. En efecto, el martes a mediodía, el vehículo en que se transportaba Raymundo Carmona Laredo, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y candidato por la coalición “Por México al Frente”, a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla, fue objeto de un atentado criminal. El aludido recibió cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego. Por la gravedad de las heridas tuvo que ser trasladado vía aérea a la capital oaxaqueña. Junto con Carmona viajaban cuatro personas más, incluyendo una mujer, los cuales resultaron heridas. Se trata del tercer hecho criminal que ocurre en la entidad en lo que va del mes de junio, tomando en consideración el que padeció el 2 de este mes, en Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, aspirante a concejal del ayuntamiento de dicha ciudad, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la tarde del mismo martes, el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud; el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez y el Secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, anunciaron medidas de seguridad para este proceso electoral, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana. Sin duda, se trata de una buena señal. Los candidatos de todos los partidos y coaliciones están en esta semana cerrando campañas. Tanto ellos como sus colaboradores reclaman mecanismos de seguridad. Ya basta con los hechos que se dieron en menos de 24 horas, con el saldo de cinco muertos y varios heridos. Es menester hacer mención de que el tema de la seguridad ha sido reiterado en este espacio editorial, justamente porque estamos convencidos de que la administración de Alejandro Murat ha dado señales de que es uno de los temas prioritarios de su gobierno, pero sus funcionarios simplemente no han operado como debieran. Es más, llama la atención la reiterada mención del ejecutivo en torno a que Oaxaca es una entidad segura, cuando los hechos demuestran lo contrario. Esto es, se ha sorprendido a buena fe del gobernador con datos ficticios o expectativas falsas. Y eso no debe ser.
Ciclo escolar a medias
Luego de casi cuatro semanas de haberse lanzado a un paro loco, un sector del magisterio mal llamado “democrático” retornó a sus actividades docentes. El tiempo que tardó la movilización a que convocaron los capos del Cártel 22 con sólo el 6% de la membresía magisterial, generó una serie de descalabros a la estabilidad social y política de la entidad, habida cuenta de los bloqueos carreteros, la toma del Aeropuerto de la capital, la Terminal de Autobuses de Primera Clase y las casetas de cobro de Huitzo y Suchixtlahuaca. Las afectaciones al turismo fueron brutales, al igual que al comercio en el Centro Histórico, en donde instalaron un plantón fantasma, sólo utilizado como hotel de paso o dormir la borrachera. Sin embargo, lo que llama la atención al pueblo oaxaqueño es que el daño que se hace a la educación, a la paz social y a la economía, siempre quede sin castigo. Es decir, la Ley de Educación vigente tipifica las faltas a las labores docentes y estipula castigos, como son los descuentos o las actas de abandono de empleo. Nada de eso ocurre en nuestra entidad. La Sección 22 arrastra un estigma de impunidad. Es simplemente intocable. Cualquier intento de aplicar la ley se topa con una pared de victimización y resistencia.
Si hacemos cuentas de los días que se dejaron de laborar recién iniciado el curso escolar, en septiembre y octubre del año pasado, a raíz de los sismos que afectaron a la entidad, más los días de movilizaciones y cuatro semanas, del 28 de mayo hasta el 20 de junio cuando regresaron a sus clases, caemos en la cuenta de que el ciclo escolar sólo se cumplió a medias. La historia ésa de que habrá reposición del tiempo perdido, a nadie convence. Hay que recordar sólo el 2006, cuando el magisterio suspendió labores el 22 de mayo y ni siquiera inició el ciclo escolar siguiente, sino que su movilización terminó unos días antes del período vacacional decembrino, para darse cuenta de la irresponsabilidad, el desarraigo y el cinismo de este sector, que cobra sin trabajar. En ese entonces, en los acuerdos suscritos con la Secretaría de Gobernación y la de Educación Pública, se ofrecía reponer clases en horarios extras. Jamás se cumplió. Así, de no aplicarse la ley y sancionar a los faltistas que por cualquier motivo abandonan el salón de clases, la educación pública en Oaxaca seguirá hundiéndose más, sin esperanza de abatir el rezago que tanto nos ha dañado.
