La violencia político-criminal en México no sólo afecta a partidos y aspirantes sino que tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando su derecho fundamental a la democracia. El asedio del crimen organizado repercute en la integridad del proceso electoral, en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, en la participación ciudadana y en la competencia política.
Con datos recopilados por Data Cívica de 2018 a la fecha, el aumento de los ataques a personas candidatas, autoridades electas y funcionarios municipales sugieren que se están afianzando o recreando redes de control sobre la política local, como parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal. Estos hallazgos indican que el crimen organizado no solo busca incidir en las elecciones, sino también capturar el aparato estatal.
Si bien la violencia político-criminal nos preocupa aún más en época electoral, ésta no para tras la celebración de las elecciones. Análisis muestran que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales. Esto advierte que en aquellos municipios con un mayor número de ataques a personas candidatas y activistas de partidos tienen también un mayor porcentaje de sustituciones de personas funcionarias de casilla el día de la elección.
Ante tales agravios, se plantea desarrollar políticas que abonen al fortalecimiento de las administraciones y policías municipales, dar puntual seguimiento a la investigación y sanción a estos eventos de violencia político-criminal.
Desde los partidos, es fundamental asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad.
Además, las autoridades electorales deben elaborar planes de prevención y protección para las personas candidatas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias.
Atender carencias
Existen servicios de seguridad pública pero son deficientes, y entre el hacinamiento, la falta de oportunidades y las condiciones precarias de vida, genera cierto tipo de violencia. Las carencias económicas y de oportunidades pueden hacer que las personas ejerzan la delincuencia, pues la violencia que puede derivar de la pobreza urbana no necesariamente se relaciona con los grupos del crimen organizado, sino que puede manifestarse en la formación de pandillas, agresiones entre vecinos o violencia intrafamiliar y de género.
Ante un escenario social muy delicado, las autoridades deben ser cuidadosas con las políticas que desplieguen para prevenir y combatir la violencia, pues año con año el Estado mexicano invierte cuantiosos recursos para el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad.
Las carencias sociales refieren al difícil acceso a derechos básicos para la vida como la alimentación, la vivienda, los servicios, la educación, la salud y la seguridad social. Los resultados son por todos conocidos: la mitad de la población sigue siendo pobre por ingresos, y mientras el ingreso de los mexicanos no mejore, seguirá aumentando la pobreza.
La aplicación de programas sociales debe complementarse con crecimiento económico y generación de empleo, pues sin duda, la eficiencia de los programas sociales depende de tres cosas: que estos estén bien diseñados y alineados con las necesidades, que tengan la cobertura correcta y que tenga un presupuesto suficiente y consistente.
Sin duda debe existir preocupación por el aumento de éstas, pues las carencias pueden derivar en resentimientos sociales y delincuencia con mayor facilidad que en las áreas rurales. Por ello, combatir esta pobreza urbana no merece dilación porque estos contrastes, esas desigualdades que se dan en las ciudades generan un clima de más violencia, la desigualdad que se genera en las ciudades causa encono y resentimiento.
