Según las autoridades sanitarias del estado, la estadística diaria ha mostrado que la mayor parte de contagios de Covid-19 se han dado en la capital oaxaqueña y los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, San Antonio de La Cal, la Villa de Zaachila y Magdalena Apasco. Es pues competencia de las autoridades municipales cumplir con la responsabilidad constitucional de proteger a sus gobernados, por tanto, adoptar medidas adicionales a las que ha pedido el gobernador Alejandro Murat de confinamiento en casa. Comunidades de las diversas regiones del estado han impuesto cierres de accesos e impiden salida o entrada de personas, sin que a éstas se obligue una cuarentena. Son, en efecto, sus usos y costumbres, por lo que, no hay quejas de violaciones a los derechos humanos y argumentos tan comunes en nuestro medio.
La pandemia que hemos estado padeciendo no es un asunto superficial. Es un tema de vida o muerte. Miles han fallecido en el país y cientos en Oaxaca. No somos inmortales ni mucho menos invulnerables a un mal terrible, para el que no hay vacuna ni cura. Toda acción que tomen los ediles no será más que un intento por proteger a la ciudadanía. Más allá de que sea un indiscutible derecho constitucional, aquí no valen ni los amparos ni las protestas. Es evidente que ponernos en una situación de excepción no compete a las autoridades estatales ni locales, pero existe autonomía que puede hacerse valer. Por encima de todo debe ponerse la salud y la vida de la ciudadanía. Lo que se diga en contrario es demagogia o discurso político convenenciero. De haberse aplicado la medida del decreto emitido por Murat Hinojosa, de hacer obligatorio el uso de cubre-bocas y restringir la circulación, otro gallo nos cantara y no la crisis que hemos padecido.
Porque, o son los amparos o las recomendaciones de derechos humanos, lo que ha contribuido a la movilidad, a la falta de corresponsabilidad ciudadana, a concebir la contingencia sanitaria por el coronavirus, como un juego, dando pie a la ignorancia y la superficialidad de algunos que han mal informado a la población, como en el caso de San Antonio de La Cal. Que cada munícipe pues, le ponga un ingrediente adicional a las medidas que ha tomado el gobierno estatal. Los acuerdos de Cabildo y las ordenanzas municipales pueden ser valiosas para contener la diseminación de la pandemia.
¿Hasta cuándo?
Esta pregunta es la que millones de mexicanos le hacemos al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell. Y es que luego de meses de verdades a medias, pronósticos fallidos y normalidades cada vez más riesgosas, los mexicanos no hemos tenido la certeza, respecto a si las acciones emprendidas para paliar los efectos de la pandemia Covid-19, han sido las adecuadas o si, por el contrario, han sido erráticas y desafortunadas. Lo cierto es cada vez vemos más lejana la posibilidad de ver la luz al final del túnel. Por el contrario, estar difiriendo cada vez más el llamado “pico de la pandemia”, ha creado mayor confusión, más aún, si en el mismo gobierno federal se observa una total displicencia para aplicarse los protocolos de sanidad.
De acuerdo a especialistas e investigadores de instituciones de prestigio, la pandemia no se ha contenido por posiciones erráticas desde la Secretaría de Salud federal, además, por la terquedad en reconocer que hay elementos, como es el caso de las pruebas rápidas, que no se han hecho, pero que, en otras partes del mundo mostraron su eficacia. Las contradicciones y verdades a medias, así como los problemas en la medición de contagios y decesos –léase modelo Centinela- no han estado a la altura de las circunstancias del país. He ahí el por qué el maquillaje de las cifras y el constante cambio de fechas de la fase de mayor contagio. Hay razón de que las conferencias cotidianas para dar a conocer “cómo va la curva” hayan despertado más escepticismo que atención. En pocas palabras, somos el país con un nivel mayor de letalidad y contagios en el mundo.
Sin ánimo de cuestionar algo que a estas alturas puede ser irreversible, lo cierto es que hace falta mucho por hacer. No sin justa razón algunos gobernadores de estados como Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila y otros, han estado en desacuerdo con el famoso semáforo que puso en marcha el gobierno federal para la “nueva normalidad”, cuando es evidente que el nivel de contagios y muertes está en su fase de mayor riesgo. Es una irresponsabilidad meter a todos en un solo saco sin tener los elementos de juico en la mano. En fin, tal parece pues que, además de que la pandemia ha exacerbado la división y los intentos de separatismo, la celeridad y los yerros con los que se ha conducido la crisis sanitaria están fuera de todo juicio.
