BRICIA YOLANDA ARAGÓN VALDIVIA
Más de la reforma al Poder Judicial
Intensa semana de información en nuestro país en torno a la recién aprobada reforma al Poder Judicial. Opiniones a favor: quienes simpatizan con Morena y sus secuaces; opiniones en contra: los directamente afectados, es decir una buena parte de los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores de ese poder que están muy cercanos a jubilarse, los diputados y senadores de minoría (PRI, PAN, PRD y MC), una gran cantidad de estudiantes de derecho, y sociedad civil, que hicieron suyas las protestas a las afueras de los recintos donde se reunieron los legisladores para aprobar finalmente, apenas pasada la medianoche del martes 10 de septiembre, la controvertida reforma; de manera tal, que el miércoles amanecimos con un sistema judicial nuevo, al menos en el papel y en la intención.
Bueno o malo, positivo o negativo. Según se señala en las mesas de análisis una de las cosas que más preocupa es que con esta reforma se termina de concentrar el poder en la persona del presidente de la República y se deja a nuestro país en la indefensión con la falta de contrapesos al poder, contrapesos que una democracia debe tener siempre para seguir siéndolo. Adiós a la independencia judicial.
Otro punto que preocupa son los criterios de selección y los criterios para la votación por parte de la ciudadanía; de lo que se desprende que habrá tiempos de televisión, es decir dinero público destinado a las campañas de los aspirantes; ¿no que se quería mejorar? No se ve por dónde pueda lograrse este cometido de la forma planteada.
La elección popular de las y los jueces va en sentido contrario a las prácticas internacionales y de las democracias más consolidadas, porque estos no deben estar sujetos a la elección popular, ya que las personas que están sujetas al electorado siempre son víctimas de presiones de intereses de los grupos que los llevan a ese poder.
La labor de una jueza o juez en una democracia constitucional es asegurar la permanencia de valores que importan a la sociedad mexicana, como puede ser la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas.
El establecimiento de jueces sin rostro, es una práctica que ha sido condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente porque no ofrece las garantías de un juicio justo, transparente y público.
Es importante señalar que con la reforma aprobada se modifican 18 artículos, se adicionan seis y se derogan diversas fracciones de cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la elección ciudadana de ministras y ministros de la Corte, así como magistradas, magistrados, juezas y jueces, mediante mecanismos públicos.
Además, se reducirá el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a 9, y se acortará su periodo de encargo de 15 a 12 años. La renovación del poder judicial deberá concluir en la elección federal ordinaria de 2027, de acuerdo con el Senado de la República.
Una vez avalada en el Senado y la Cámara de Diputados, la reforma al poder judicial deberá pasar por cada uno de los Congresos de los estados, pues todas las reformas constitucionales, una vez aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión, deben pasar por los Congresos estatales y por lo menos 17 de los 32 (la mitad más uno) deben estar de acuerdo con la reforma en cuestión, y aprobarla, para que esta pueda ser oficial. Hasta el viernes pasado 18 congresos estatales la habían aprobado, sólo el congreso de Querétaro había votado en contra.
Ante esta situación, la reforma regresará al Ejecutivo federal para que la firme y posteriormente se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir de entonces, entra en vigencia.
También es importante señalar que el congreso oaxaqueño fue el primero en aprobar la reforma; con 41 votos a favor y 0 en contra, en una sesión que arrancó a las 5 de la mañana del pasado miércoles 11 de septiembre y que duró sólo unos minutos, así el Congreso de Oaxaca avalaba la reforma constitucional relativa al poder judicial.
En cumplimiento al artículo 135 de la Constitución, la madrugada del pasado miércoles el Pleno de la LXV Legislatura local sesionó para analizar, discutir y avalar la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia de reforma al poder judicial. Lo que fue celebrado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Estos acontecimientos han generado preocupación dentro y fuera del país debido a su posible impacto en la independencia judicial, punto importante para el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estados Unidos ha hecho pública su preocupación por lo que podría representar para las inversiones extranjeras y el T-MEC, pero también ha puesto distancia en el tema.
Definitivamente estamos en un momento crucial para la democracia mexicana en el que bien se pudo haber optado por fortalecer a los poderes judiciales en México, pero no a través de la elección popular de los jueces.
