Fueron nueve meses en que se mantuvo vedada la caza de ejemplares políticos, pero al parecer la temporada ya se abrió y aunque la persecución del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, no se considera dentro de este rubro, la de Rosario Robles encaja perfectamente dentro de la nueva temporada de caza.
No se trata de un cualquier ejemplar, sino de uno de los más preciados, mejor evaluados en la pasada administración y una presa de alto valor político para los actuales tiempos.
La llamada “Estafa Maestra” es el vínculo de la ex secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, con una red de corrupción, en la que se le involucra y en la que se insiste contó con su aprobación.
Y con todo que su abogado defensor (Julio Hernández), argumenta que ella no firmó ningún documento que la comprometa con el asunto de la “Estafa Maestra”, fue citada por la Fiscalía General para aclarar algunos puntos, lo que puso a temblar a muchos personajes de la administración pública del gobierno anterior, pero también a los rectores de aquellas universidades señaladas como parte de la trama.
La “Estafa Maestra” es un asunto sumamente debatido en los medios, los que fueron sacando a la luz pública, una enredada trama, a la que se le siguió el hilo, hasta encontrar la punta de la madeja.
Se trata de cientos de millones de pesos, cuyo destino no fue el deseado, sino desviado hacia otras rutas.
Y es que el sexenio pasado, el de la administración de Enrique Peña Nieto, está considerado como el de la mayor corrupción visible, donde los llamados “Tolucos” fueron beneficiarios de los mejores contratos, las mayores asignaciones y beneficiarios de grandes fortunas, al amparo del poder público, lo que abrió la brecha por la que se colaron una gran parte de los gobernadores, algunos de ellos en prisión, otros en fuga y unos más que todavía ejercen como tales.
Los depredadores del sexenio pasado se ampararon en la retórica presidencial de que no ejercería venganza, ni revancha alguna contra los saqueadores del pasado, ni realizaría una cacería de brujas, para encontrar a los responsables y la palabra parece honrarla el Ejecutivo federal, ya que la labor la está realizando la Fiscalía General de la Nación a cargo de Alejandro Gertz Manero.
La autonomía de dicha Fiscalía está permitiendo que los expedientes se integren, por lo que la sudoración moja los cuerpos de muchos de aquellos que se sentían a salvo de las complicaciones que podrían traerles el mal ejercicio del servicio público, así como las corruptelas propias y de sus subalternos.
Son muchos los que tendrían que preocuparse por sus excesos en el gobierno de Peña Nieto, entre los que señalan a los ex secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; Desarrollo Social, Luis Miranda; Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; ISSSTE, José Reyes Baeza y el consabido Emilio Lozoya y otros más.
Lo que queda por saber es si el haber citado a Rosario Robles para el 8 de agosto significa un tiempo prudente para que prepare su defensa o si se declara abierta la temporada de caza.
Se pregunta también si el largo brazo de la ley alcanzará a algunos de los gobernadores cuestionados sumamente por el abandono de sus entidades y la corrupción imperante en las mismas.
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