Debido a la tala ilegal se pierden entre dos mil metros cúbicos de madera por año, sin tomar en cuenta que hay una cifra negra que estima una pérdida adicional superior a los cuatro mil metros cúbicos que se sustraen de manera indebida y que no se llegan a denunciar o reportarse. La tala ilícita ha dado pie a la proliferación de aserraderos que no cuentan con permiso para trabajar la madera; sin embargo, éstos son encubiertos, incluso, por las propias autoridades municipales y agrarias.
Aunado a las prácticas agropecuarias inadecuadas, las zonas de la Sierra Mixe-Zapoteca y los Chimalapas son las más afectadas por los incendios y la tala inmoderada que han acabado con cientos de hectáreas de bosques y selvas.
El artículo 419 del Código Penal Federal en el capítulo segundo sobre la biodiversidad, establece que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa.
El combate a la tala clandestina en nuestro es muy complicado debido a la falta de recursos económicos y humanos, que ha obligado a plantear alternativas sectorizadas y regionales para detener este ilícito. Lo extraído de manera clandestina es equiparable a lo mismo que se produce de manera legal en el estado que lo convierte en un problema muy severo que se debe detener de raíz y no apostar únicamente a la persecución y detención de las personas involucradas.
Se han identificado zonas críticas como lo es parte de los Chimalapas, Tlaxiaco, que se localiza en la región Mixteca, y una parte de la Sierra Sur, donde hay comunidades que no tienen problemas de manejo y tienen problemas agrarios o de posesión de predios. La tala ilegal de madera tiene varias vertientes, entre ellas, la dificultad que enfrentan las comunidades para poder tener permisos de aprovechamiento forestal sustentable.
Campo en olvido
Cifras oficiales han confirmado que sólo 10 por ciento de los campesinos adquieren semillas mejoradas y fertilizantes por su alto costo, mientras que el 2 y 3 por ciento utilizan algún tipo de tecnología para su producción. Ante la serie de complicaciones que viven los campesinos, hoy más que nunca se requiere un cambio de manera tajante en la estrategia de las políticas públicas para el campo.
De continuar con esta tendencia si se sigue castigando a los más pobres a partir de expulsar a la gente del campo y se busca identificar al minifundismo con la improductividad, se continuará generando un grave problema social. Se ha documentado que en el país subsisten dos agriculturas: una tecnificada, comercial, exportadora, sobre todo en la parte hortofrutícola, y una agricultura de subsistencia, minifundio, con grandes potencialidades.
En Oaxaca, uno de los principales objetivos debe ser tecnificar el campo, labor que resulta difícil, pues la mayor parte de los campesinos cuentan con 60 y 65 años; no utilizan tecnología que hace que sea deficitario en maíz, frijol, arroz y prácticamente todos los productos básicos.
Poco o nada se ha hecho para atender las dificultades del agro oaxaqueño, entre ellas, las que enfrentan los pequeños productores y que representan 86 por ciento del padrón total, ya que sus tierras son de bienes comunales y sólo poseen una o dos hectáreas. Ante lo cual se debe analizar los temas preocupantes del campo y escuchar a académicos, campesinos, dirigentes sociales que conocen la grave situación que se tiene a fin de generar políticas públicas que permitan verdaderamente hacer productivo al campo.
Es indudable que la política agropecuaria de los últimos 30 años se puede calificar de fracaso, tanto porque el entramado institucional y jurídico está agotado por lo que es necesario no solamente revisar el marco legal del campo, como por la urgencia de que las leyes se apliquen. Además de terminar con la desigualdad y marginación en que viven en pobreza material y alimentaria la gente del campo en nuestro país, pero especial en Oaxaca.
