Sorpresa ha causado entre los oaxaqueños la postura simple y superficial del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPO), José Raymundo Tuñón Jáuregui. En principio por la forma en la que niega que en Oaxaca exista la presencia del crimen organizado y, en segundo lugar, por la forma tan pueril en la que afirma que en materia de seguridad ciudadana “no vamos tan mal”. Se entiende que no conozca la realidad oaxaqueña y que la vea desde la perspectiva de quien sólo desempeña un cargo público de relevancia, sin mayor expectativa que arrellanarse en su sillón, dejar hacer y dejar pasar. Hay que recordarle que uno de los principales ejes de toda gobernabilidad es la preeminencia del Estado de Derecho. Es el gobierno, como representante legítimo del Estado moderno, quien debe garantizar la paz social, la vida y el patrimonio de los gobernados. No es un artificio, como ya hemos dicho, afirmar que en el tema de la seguridad estamos peor que nunca. El directorio de ejecuciones, de asesinatos dolosos y otros ilícitos, nos ubica a nivel nacional, como una de las entidades más inseguras del país.
La cadena de crímenes como los que ha dado en las últimas semanas indica que hay fallas; que han fracasado las políticas de prevención y que nuestra seguridad pública está endeble, porque el Estado no ha sido capaz de garantizar la vida y la propiedad de los oaxaqueños. Sin ánimo de descalificar a nadie, lo cierto es que a juicio de observadores de la realidad política y social, los responsables de la seguridad pública, todos ellos oficiales de la Marina/Armada de México, con experiencia en la administración pública, en cargos diplomáticos y en la academia, no han sido capaces de articular una política de seguridad. Nadie les discute su carrera militar ni otros méritos. Lo discutible es su inexperiencia en tareas de tierra, como es garantizar la vida de la ciudadanía oaxaqueña. Estamos convencidos de que la inseguridad permea en todo el país y que hay entidades en donde el crimen ha sentado sus reales, generando una espantosa carnicería, como es Guerrero o Tamaulipas. Pero ello no obsta para hacer comparativos. La realidad está a la vista: asesinatos en la capital, asaltos carreteros, ejecuciones, cadáveres desmembrados y otras cuestiones que se vinculan a la delincuencia organizada. Nada pierden con reconocer que los grupos criminales ya están operando en la entidad.
Los clásicos vividores
¿De dónde salió una organización denominada “Sol Rojo”, que regentea una mujer de nombre Azul Mancera, que desde hace meses y aprovechando la enfermiza tolerancia de las autoridades, se ha dedicado a atropellar los derechos civiles y ciudadanos? Ésta es una de esas clásicas organizaciones cuyos dirigentes, sin tener un reconocimiento oficial ni nada parecido, alargan la mano para conseguir recursos del gobierno, el cual muchas veces se lo otorga a fondo perdido, es decir, va directo a la bolsa de quienes han hecho del chantaje, la manipulación y la demagogia, su carta de presentación. Otra de la misma ralea es “Antorcha Campesina”, ese monstruo de complicidades que dirige a nivel nacional el octogenario Aquiles Córdova Morán y en Oaxaca, su testaferro, Gabriel Hernández. Esta persona no sólo ha estado involucrada en alentar la violencia entre las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, la cual ha traído a lo largo de los últimos años, decenas de crímenes, algunos de ellos escalofriantes y sádicos.
02Pues bien, Hernández ha pervivido de la limosna oficial durante décadas. Fuentes gubernamentales afirman que cuenta con empresas constructoras, la cuales ejecutan las obras en comunidades que controla “Antorcha Campesina”. Es decir, el principal beneficiario es el propio Gabriel Hernández.
Casos como éstos se multiplican en Oaxaca. Hay cerca de 450 organizaciones sociales que piden recursos y los exigen a través de las manidas prácticas de chantaje. Bloqueos, cierre de cruceros y calles, de oficinas y toma de casetas. Son las “estrategias de lucha” de estos vividores sociales. Pero nadie más los ha hecho grandes que el mismo gobierno. Frente a los abusos que cometen en contra de la sociedad, les montan mesas de diálogo, cuando a todas luces lo que merecen son órdenes de aprehensión y consignación. La ciudadanía lo exige una y otra vez: es necesario y urgente aplicar la ley. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio editorial: Oaxaca jamás habrá de remontar su atraso y marginación en tanto no se restituya el imperio de la ley y el Estado de Derecho. El gobierno juega con fuego al permitir que cualquier hijo de vecino conculque el derecho a la libre circulación. Los conatos de bronca entre ciudadanos comunes y corrientes con maestros, comuneros u otros, que manipulados bloquean vialidades, puede devenir un doloroso derrame de sangre. Pero ni el ejecutivo ni el legislativo han tomado conciencia de esta realidad.
