A casi dos meses de precampañas a la presidencia de la República, ¿hay alguna lección que hayamos aprendido los mexicanos, propuestas viables para el México del futuro o para resolver la problemática que más nos aqueja en materia de seguridad, economía, educación o salud? Que se sepa ninguna. Lo que hasta hoy hemos escuchado los mexicanos y particularmente los oaxaqueños, es una campaña sofocante de denuestos, descalificaciones y calumnias.
El vulgo dice que en política y el amor todo se vale. Por supuesto que no es así. El oficio político se ha deteriorado tanto en México que hoy mismo es sinónimo de engaño, corrupción, desfalco, demagogia. Nunca como hoy, aquello que algún día fue la práctica de oaxaqueños respetables, pulcros, honestos y bien intencionados, se ha traducido en estigmas, calificativos que apuntan a la deshonestidad y descalificación. Los precandidatos se la han pasado en estos tiempos, promoviéndose con los recursos que los mexicanos aportamos vía impuestos, en base a insultos, afirmando locuras o haciendo promesas falsas. Algunos asumen ser ya los depositarios del voto ciudadano y toman actitudes como las de repartir puestos en “su gobierno” o simplemente demoler instituciones, desapareciendo aquello que a ellos y sus ideólogos les parece que son parte del pasado priista.
Las vacilaciones que existen en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), le han servido a la perfección a los partidos y coaliciones que se dan vuelo en las diatribas y denuestos. En Oaxaca –y ello no es una invención nuestra- existe un justificado hartazgo respecto a los partidos políticos. Pero además, la impostura de candidatos poco populares o las mismas caras sólo que más viejas de los reciclados, justificarán al final del día, la aversión que existe hacia los procesos electorales que sólo traen a la sociedad más polarización y confrontación. Llevar al frente candidatos poco populares o simples invenciones de los que tienen la sartén por el mango en lo que se refiere al manejo político, no ayudará en nada. En el PRI –se dice- están mandando a los distritos a personas que no conocen, ni saben, ni tienen arraigo entre la ciudadanía. ¿Cómo esperan ganar? He ahí la gran incógnita. O algunas propuestas de MORENA, de personas que han sido estigmatizadas por su pasado de corrupción en la administración pública de gobiernos que saquearon Oaxaca.
SASO, sociedad en riesgo
Luego de los efectos del Frente Frío Número 25 de hace un par de semanas, que motivó la caída de la torre de comunicaciones, el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) se colapsó, es decir, según el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) Heliodoro Díaz Escárraga –aunque ya se repararon algunas- 14 de las 36 estaciones de alerta sísmica habían estado sin funcionar y se prevé un tiempo considerable para que sigan operando. Sin embargo –y ello se sabía desde la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo- existe un adeudo de cerca de 21 millones de pesos, con la empresa que maneja el citado Sistema de Alerta. Sorprende que existan partidas millonarias para diversos rubros, como por ejemplo, las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos y los onerosos gastos de campañas y precampañas. Pero no existen partidas presupuestarias para atender la prioridad que implica la activación de la alerta sísmica, en una entidad como la nuestra, que durante el mes de septiembre de 2017, padeció los efectos de varios sismos de gran magnitud, con una centena de muertos y miles de viviendas destruidas. Los daños causados por lluvias y terremotos, no han sido saldados aún y ello ha conllevado a tener muchas protestas.
La protección civil parece ser para los legisladores y legisladoras locales, que son quienes aprueban los presupuestos anuales, un segmento marginal de las prioridades del Estado. Resulta sorprendente pues que, a sabiendas de la importancia que tiene el sistema de alerta sísmica, para evitar pérdida de vidas, sean tan indolentes, torpes o ignorantes, para atender con prioridad dicha situación. Desde hace tiempo, en este espacio editorial, hemos insistido en que la CEPCO debe tener un presupuesto suficiente para cumplir con su propósito institucional: instrumentar acciones de prevención y de qué hacer en casos de desastre o siniestro. Los recursos para activar y saldar deudas que impidan el funcionamiento del SASO, no deben ponerse a discusión ni ser objeto de crítica. Se trata de un instrumento que se requiere para evitar más daños de los que los sismos han ocasionado en meses pasados. No es una acción inmediata que sea fortuita, sino un deber del gobierno en su papel de salvaguarda de la vida y la propiedad de los oaxaqueños. Hacia ahí debe apuntar la urgente necesidad de liquidar adeudos y activar el multicitado sistema de alerta.
