Si bien en los informes oficial difundidos el fin de año se mencionan los “resultados” de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante 2017, en los hechos sólo podemos hablar de un desempeño lamentable y de un saldo negativo. En materia de homicidios dolosos, Oaxaca ocupa ya uno de los primerísimos lugares a nivel nacional, en tanto que algunos delitos como los asaltos, robos a casa-habitación, extorsión y secuestro, han tenido un penoso repunte. En comparación con el último año del gobierno de Gabino Cué, las ejecuciones en la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, se han incrementado sustancialmente. Sólo en la capital oaxaqueña, en donde seguramente se dirá que compete a la Policía Municipal, los robos a negocios, sucursales bancarias y tiendas se han vuelto una psicosis colectiva, pues no obstante difundirse las fotografías o videos de los maleantes en las redes sociales, éstos jamás son capturados y siguen delinquiendo. En diciembre los ladrones hicieron de las suyas. No omitieron asaltar carnicerías, panaderías, mercados, etc. ¿Puede hablarse pues de un informe optimista de resultados, cuando la inseguridad está a la vista?
Una de las acciones que más lastimó a la sociedad oaxaqueña y que algunos medios nacionales difundieron en su momento, fue el asalto al rancho “La Engorda”, ubicado en Loma Bonita, Oaxaca, por parte de al menos dieciséis elementos de la Policía Estatal, al mando de personal castrense del Ejército y la Marina/Armada de México. Los jenízaros -¿o delincuentes?- allanaron la propiedad y la saquearon, llevándose consigo hasta los loros que tenían los propietarios como aves de ornato. Los delincuentes fueron detenidos gracias a las grabaciones que en su momento manejó el noticiario del diario “Excélsior”, que ubicaban todos los movimientos. La Fiscalía Estatal procedió a realizar las consignaciones pertinentes y vincular a proceso a cada uno de los participantes en este hecho deleznable. Pues bien. Los elementos de la Policía Estatal que fueron sorprendidos en flagrancia fueron liberados antes de la Navidad, gracias –se dice- a las gestiones de una dupla de abogados pagados, obviamente, con cargo al erario estatal. De estos hechos no se dio cuenta en el informe de “resultados” de la dependencia responsable de la seguridad pública en el gobierno de Alejandro Murat.
Deslinde y señalamientos
Al inicio de año se dio un hecho inédito: vecinos y feligreses de la parroquia de Telixtlahuaca realizaron una protesta frente a las puertas de la Catedral Metropolitana, para exigir la salida de Monseñor José Luis Chávez Botello, Arzobispo de Antequera que, se sabe, desde hace tiempo ha propuesto su retiro. Unos días antes ocurrió la muerte del párroco de dicha comunidad, Miguel Ángel Morelos García que, según los quejosos y protestantes, no recibió el apoyo de la jerarquía eclesiástica durante su enfermedad, atribuyéndolo a su valiente denuncia en contra de unos de los sacerdotes acusados de pederastia, Silvestre Hernández, quien presuntamente fue arropado por la Arquidiócesis. El Arzobispo se deslindó de los ataques y señalamientos, con el argumento de que al sacerdote fallecido se le ofrecieron los apoyos médicos necesarios, además de que, en torno al cura acusado de haber abusado sexualmente de al menos 45 adolescentes en la comunidad de Santiago Camotlán, el mismo ya se encontraba purgando sentencia por los ilícitos cometidos. El affaire de Silvestre Hernández dio la vuelta al mundo, tanto que un reportaje completo y documentado fue publicado en el periódico español “El País”, como un caso escandaloso. En tono enérgico, la Arquidiócesis puntualizó el tema.
Sin embargo los casos de pederastia, de violación al celibato, de la vida disipada que llevan algunos sacerdotes, que incluso se exhiben en redes sociales, no son la excepción en Oaxaca. Hay casos muy bien documentados, los cuales han sido desestimados por la jerarquía católica. Los hay también que se han inclinado en la opción pastoral por los pobres y que han sido señalados de instigar y hacer un sacerdocio militante. Hay grabaciones de hace al menos tres años que habla de “lobos con piel de oveja o diablos con sotana”, en la que se ubican al menos a tres sacerdotes conocidos, como los principales dirigentes de los inconformes con la Minera Cuxcatlán, que se ubica en San José del Progreso, Ocotlán. Casos como éste fueron evidentes en el movimiento político y social de 2006, cuando varios sacerdotes ocuparon sus iglesias para hacer proselitismo y cuestionar al gobierno. El caso de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, tampoco se ha investigado, pero la iglesia tuvo un papel determinante en los hechos que ahí se dieron, y no precisamente para salvar a los rijosos protestantes de la “represión policial”. No obstante la devoción y fe católica que prevalece en la mayor parte de los oaxaqueños, los casos que mencionamos es un reconocimiento tácito de que la Iglesia está bajo la lupa.
