• Ley Orgánica
• Indemnizaciones
La libertad de expresión no puede garantizarse únicamente en el texto constitucional si no existen condiciones materiales de seguridad física, certezas jurídicas para sancionar a los agresores y un respaldo social e institucional sólido para los comunicadores. La exigencia de garantías para ejercer el periodismo en Oaxaca ha vuelto al centro del debate público.
La libertad de prensa y el ejercicio informativo en la entidad enfrentan un entorno sumamente complejo donde la inseguridad, la precariedad laboral y la falta de procuración de justicia efectiva amenazan la labor periodística. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, ubican de manera reiterada a Oaxaca entre las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas en el país.
Gran parte de las amenazas, agresiones físicas, intimidaciones e incluso homicidios cometidos contra comunicadores permanecen en la impunidad. Casos recientes, como el asesinato del periodista Alejandro Leyva, han detonado movilizaciones y peticiones gremiales para que las fiscalías estatal y federal atraigan y esclarezcan las investigaciones sin sesgo político.
A pesar de existir iniciativas legislativas y un mecanismo de protección a nivel estatal y nacional, los periodistas han señalado que múltiples iniciativas de ley de protección a periodistas han quedado congeladas o archivadas en el Congreso local a lo largo de distintas legislaturas. Denuncian que las medidas preventivas y urgentes suelen reaccionar tarde o carecen del presupuesto y la coordinación institucional necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas bajo riesgo.
A lo anterior se debe agregar que el periodismo independiente en Oaxaca opera en gran medida en el sector informal, sin salarios fijos ni prestaciones básicas.
Aunque se han implementado esfuerzos locales para incorporar a periodistas independientes al régimen obligatorio del IMSS brindando atención médica, seguros de vida o de riesgos de trabajo), la vulnerabilidad económica sigue funcionando como un mecanismo indirecto de censura que expone aún más a los comunicadores.
… A VUELO DE PÁJARO
A las agresiones a periodistas se agregan las muertes violentas de mujeres que en este primer semestre del año suman 38 en nuestro estado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estableció que Oaxaca está en el lugar número 11 a nivel nacional por las mujeres víctimas de feminicidios, mientras que por homicidios dolosos, ocupa el sitio número 12, con 27 víctimas. Con lesiones dolosas, Oaxaca registró 561 mujeres víctimas, en una espiral que sigue aumentando.
Compromiso
La UABJO ha arrastrado recurrentemente crisis financieras y observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos de fiscalización local. Hoy el reto del rector Farid Acevedo López es revisar la Ley Orgánica de 1988, la cual no contempla de manera robusta los mecanismos contemporáneos de control presupuestal, auditoría interna, ni los criterios de disciplina financiera exigidos por las leyes de contabilidad gubernamental actuales. La tarea es un nuevo marco legal que establezca un órgano interno de control con autonomía técnica real, que blinde el patrimonio universitario y garantice que el presupuesto se destine de manera prioritaria al equipamiento, la investigación y la docencia.
Indemnizaciones
Ante la falta de repuestas a sus demandas, habitantes de diversas comunidades bloquearon la carretera Transístmica 185, en el tramo La Ventosa–Matías Romero, a la altura del puente Malatengo. Exigen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el pago de indemnizaciones. Provocaron afectaciones al tránsito vehicular y advirtieron que continuarán debido a que diversos proyectos e instalaciones eléctricas han provocado daños en sus tierras, viviendas y actividades productivas, por lo que exigen una compensación justa. Incluyen desde interrupciones constantes en el suministro eléctrico hasta impactos ambientales y perjuicios económicos. Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades federales y a la propia CFE para establecer mesas de diálogo que permitan atender sus demandas y llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades afectadas.
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