En el país subsisten dos agriculturas: una tecnificada, comercial, exportadora, sobre todo en la parte hortofrutícola; y una agricultura de subsistencia, minifundio, con grandes potencialidades. En Oaxaca uno de los principales objetivos es tecnificar el campo, labor que resulta difícil pues la mayor parte de los campesinos cuentan con 60 y 65 años, además no utilizar tecnología hace que sea deficitario en maíz, frijol, arroz y prácticamente todos los productos básicos.
Poco o nada se ha hecho para atender las dificultades del agro oaxaqueño, entre ellas, las que enfrentan los pequeños productores y que representan 86 por ciento del padrón total, ya que sus tierras son de bienes comunales y solo poseen una o dos hectáreas. Cifras oficiales han confirmado que solo 10 por ciento de los campesinos adquieren semillas mejoradas y fertilizantes por su alto costo, mientras que solo 2 y 3 por ciento utilizan algún tipo de tecnología para su producción.
Ante la serie de complicaciones que viven los campesinos, hoy más que nunca se requiere un cambio de manera tajante en la estrategia de las políticas públicas para el campo, ya que si se sigue castigando a los más pobres a partir de expulsar a la gente del campo y se busca identificar al minifundismo con la improductividad, se continuará generando un grave problema social.
Frente a esto, se debe analizar los temas preocupantes del campo y escuchar a académicos, campesinos, dirigentes sociales que conocen la grave situación que se tiene a fin de generar políticas públicas que permitan verdaderamente hacer productivo al campo.
Es indudable que la política agropecuaria de los últimos 30 años se puede calificar de fracaso, tanto porque el entramado institucional y jurídico está agotado por lo que es necesario no solamente revisar el marco legal del campo, como por la urgencia de que las leyes se apliquen. Además de terminar con la desigualdad y marginación en que viven en pobreza material y alimentaria la gente del campo en nuestro país, pero en especial en Oaxaca.
Por ello se deben analizar y determinar con precisión las cuáles son políticas que en verdad beneficien al campo por lo que es importante hacer trajes a la medida en cada zona que atienda qué inversiones productivas se deben ofrecer, en qué se puede ser competitivo, qué tecnologías se requieren y acabar con la demagogia.
Indígenas olvidados
El Estado Mexicano como el Gobierno del Estado tienen el compromiso de mejorar las condiciones de bienestar social de las comunidades indígenas a partir de obras de infraestructura, electrificación y proyectos productivos, como parte de la estrategia de atención a poblaciones que viven en pobreza y pobreza extrema, pues no hacerlo provocará que sigan en el abandono.
Agobiados por la desatención, aumentan las voces que demandan atender con mayor énfasis a los pueblos indígenas y cambiar el escenario para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Oaxaca cuenta con 416 municipios indígenas, muchos de los cuales requieren acceso a los servicios básicos, ya que el 85 por ciento de la población se considera perteneciente a alguno de los 16 grupos indígenas que habitan en el estado.
Además de atender peticiones y demandas de agua y electrificación, se deben destinar recursos para contar con clínicas que brinden la atención médica que se requiere, ya que la prioridad debe ser ayudar a la gente que lo necesita sin importar su condición étnica ni política.
Es indudable que la situación de descuido, desatención y falta de apoyo a las comunidades indígenas ha provocado que gran parte de esa población no cuente con oportunidades de educación, salud ni desarrollo. Y a pesar de que se pregonan políticas públicas para su atención, de los aproximadamente 15 millones de indígenas que viven en el país, la quinta parte presenta analfabetismo, la mitad no tiene acceso a servicio médico y el 40 por ciento vive en pobreza extrema.
A todo eso hay que agregar que el 35 por ciento de los municipios del país tiene clasificación de alta marginación, pero si se centra la atención en los 624 que cuentan con el 40 por ciento de la población indígena, el índice de alta y muy alta marginación se dispara hasta el 75 por ciento, mientras que en Oaxaca continuamos con los mismos esquemas que no ayudan a integrarlos al concierto del progreso y desarrollo.
Es indudable que la política pública para el desarrollo de los indígenas debe ser dirigida en dos sentidos: reducir el rezago social de la población originaria y, simultáneamente, acortar la dramática distancia que los aleja del resto de las y los mexicanos, respetando siempre su identidad, costumbres y tradiciones.
Sobre todo, porque las condiciones de precariedad de la población indígena se han mantenido superiores a los de la población no indígena a través del tiempo. Las políticas públicas no han conseguido disminuir las brechas históricas entre ambas poblaciones.
