La propuesta de reforma laboral que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha generado un debate profundo sobre sus consecuencias económicas, sociales y operativas. Si bien es comprensible el anhelo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la realidad es que una reducción obligatoria de la jornada laboral sin un enfoque gradual, flexible y consensuado podría tener efectos negativos para la productividad, el empleo formal y la competitividad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que constituyen la base del tejido económico nacional.
Reducir la jornada a 40 horas sin disminuir proporcionalmente los costos laborales representa una carga adicional para los empleadores, lo cual puede traducirse en menores oportunidades de empleo, reducción de beneficios laborales o incluso el cierre de negocios incapaces de asumir los nuevos gastos. Además, en un país con altos niveles de informalidad laboral, esta reforma podría incentivar aún más el trabajo sin prestaciones ni derechos, contradiciendo el objetivo mismo de proteger a los trabajadores.
La oposición a esta reforma no implica desconocer la necesidad de una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, sino advertir que un cambio de esta magnitud requiere diálogo, evidencia y acompañamiento técnico. Es fundamental considerar modelos de transición que incluyan apoyos fiscales, esquemas voluntarios o escalonados, y análisis sectoriales que permitan adaptar la medida a las realidades de cada industria.
El bienestar de los trabajadores no debe estar en oposición al crecimiento económico, sino alinearse con políticas que fomenten empleos dignos, sostenibles y competitivos. Una reforma laboral exitosa debe construirse con responsabilidad, sin poner en riesgo la estabilidad del empleo ni la viabilidad de las empresas.
