Las últimas acciones emprendidas por el gobierno de Oaxaca de Juárez, para dar una solución definitiva al comercio en la vía pública en el Centro Histórico, aplaudidas por grupos empresariales y comercio establecido, no han estado exentas de rebeldía y actos de violencia tanto de parte de sempiternos dirigentes y lideresas que durante décadas han explotado a pasto los espacios públicos, como de parte de organizaciones que se han asentado en esa zona de la ciudad en virtud de acuerdos con los gobiernos anteriores. Es el caso del Frente “14 de junio”, que maneja tras bambalinas, Francisco Martínez Sánchez, alias Pancho Mugres y sus hijos, dos de ellos en prisión, desde donde mueven los hilos. Como respuesta a las medidas instrumentadas por el edil Francisco Martínez Neri, algunos miembros de esta organización se mantienen en plantón en la Plaza de la Danza, con la amenaza de seguir una huelga de hambre.
Es obvio que se trata de una postura de chantaje, que bien conocen en la citada organización y en el gobierno estatal, muy susceptible a doblegarse con la misma. En su visión, dicha organización –a la que le han acotado intenciones de meterse en el transporte y otros rubros- insiste en ser medida por otro rasero y no por el que ha aplicado el gobierno de la ciudad. Ante esta situación, los comerciantes que han sido afectados por el propósito de reordenar ese sector de la economía informal, opinan que todos deben ser medidos con la misma vara y sin favoritismo. Desde su campaña para la presidencia municipal, Martínez Neri se planteó como una prioridad de su administración resolver este tema. Y vaya que, en el poco tiempo que lleva en el cargo, ha tomado cartas en el asunto.
Sin embargo, más allá de loas y aplausos, la petición ciudadana es que el famoso reordenamiento vaya en serio y al fondo. La semana pasada circularon en redes sociales, fotografías de nuestro Centro Histórico y las principales calles de ese sector, totalmente limpias. Pero luego regresaron los comerciantes. Se trata de devolverle su ancestral belleza y dignidad. Las calles no son mercados permanentes. Pese a que los comerciantes en la vía pública argumenten que requieren una actividad digna y no robar, deben entender que existen normas y reglamentos que prohíben su actividad. Una de las medidas que deben instrumentar las autoridades es llamar a cuentas a dirigentes y lideresas y pararles de una vez el boyante negocio de vender espacios en calles y banquetas. Sólo con la fuerza de la ley se puede llegar a buen puerto en el reordenamiento que esperan los citadinos.
¿Y los triquis, cuándo?
Un grupo que se sigue asumiendo como intocable y blindado, es el de los indígenas triquis que, desde diciembre de 2010, con el ardid de que fueron desplazados de la zona de San Juan y San Miguel Copala, en la zona triqui, se avecindaron y cuasi apropiaron de los pasillos del Palacio de Gobierno. La cuestión se volvió más compleja para las autoridades, cuando fueron protegidos por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la propia Comisión Nacional (CNDH). Fue la gota que derramó el vaso para que se arroparan en las mismas y se hayan mantenido ahí, intocables, desde hace 11 años, dando al Centro de la ciudad una imagen de desorden, de anarquía y suciedad, pues en ese pequeño espacio del que casi se apropiaron, ahí duermen, cohabitan, cocinan y defecan. Ahí instalaron, además, un mercado artesanal.
Los tres dirigentes que han mantenido el control de los supuestos cautelados, que de los sesenta originales no quedan ni veinte, han generado conatos de violencia cuando las autoridades les han exigido aplicarse ciertas normas. Es más, para hacer honor a su etnia, Lorena Merino, por un lado, Jesús y Reyna Martínez por el otro, se han opuesto a cualquier medida de regulación u ordenamiento, incluso, asumiendo actitudes de violencia. Y es obvio, dicha medida acabaría con el negocio que tienen, de rentar los espacios que contra la ley mantienen. Para salir de ahí, han puesto condiciones desde hace tiempo. Exigen terrenos dónde vivir y casas dignas, de preferencia de dos plantas. Las peticiones incluyen la construcción de un templo y otras linduras. Lo lamentable es que no quieren regresar a su tierra y, sin que sea discriminatorio, en ningún municipio de los Valles Centrales los quieren como vecinos. Es decir, no hay terrenos disponibles para su vivienda.
En los últimos meses se ha difundido la especie de que las medidas cautelares están a punto de concluir. Nada se sabe de manera oficial. Lo que ha indignado a la ciudadanía es que el gobierno de Alejandro Murat, como en su tiempo fue el de Gabino Cué, no hayan movido un solo dedo para ir hasta la sede de la CIDH en Washington, D.C. y solicitar la abrogación de las citadas medidas y, con ello, recuperar esos espacios que, con el paso del tiempo, parecen ser ya parte del patrimonio de una veintena de triquis y de sus tres titiriteros. Es decir, en diciembre de este año se cumplirán doce años de esta invasión ilegal y contra derecho.
