Es indudable que la abundancia legislativa en materia de transparencia no garantiza su pleno y verdadero ejercicio, pues si algo escasea es voluntad política para hacer la transparencia realidad. De esto dan cuenta las negativas para cumplir las resoluciones del órgano de transparencia, el incremento en las declaratorias de inexistencia y la pobre calidad y lo poco útil que es la información oficial de los portales de Internet.
La transparencia es un indicador de avance democrático. Se expresa en la capacidad de los gobiernos de informar honesta y claramente a la ciudadanía sobre su quehacer, la forma en la que gastan los recursos públicos y los resultados que obtienen. Pero también se refleja en el compromiso por encontrar fórmulas que armonicen, en beneficio del interés público, el derecho de acceso a la información y las posibles causas de reserva.
Uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. A no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuando bajo la observancia de la ciudadanía. La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país, de ahí que la gran tarea sea fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
Ante este escenario, el reto será consolidar y fortalecer en los próximos meses una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Hoy como nunca, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.
La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.
Abatir la inseguridad
En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues los atracos son cotidianos, no hay capacidad de respuesta porque no hay policías suficientes y los pocos que hay carecen de estrategia. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas y al mismo tiempo, pasar del enfoque solo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad.
Hoy no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en México. Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad está emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo.
Es necesario que los servidores públicos se comprometan a buscar resultados, pues dada la magnitud del problema, las autoridades deben ser incluyentes y colaborar con todos aquellos que estén dispuestos a participar activamente en la reducción de la violencia. Todo esto antes de que sea demasiado tarde y continuemos con nuestras lamentaciones.
Diversas voces se han alzado para demandar al gobierno federal su respaldo para garantizar la paz y seguridad que se requiere para la participación ciudadana, porque la vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada.
Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo.
Un elemento crucial para que las estrategias de reducción de la violencia funcionen es la política. Ahí se genera el liderazgo, la voluntad y el compromiso para reducir la violencia de manera sostenible. Las autoridades necesitan involucrarse no solo en el proceso de toma de decisiones, sino también en el seguimiento a las acciones realizadas y, de ser posible, en el proceso de implementación de las políticas públicas.
