Nada que haga hoy en día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador debe ser visto por el pueblo mexicano más que bajo el prisma de reposicionar a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en ruta para las elecciones presidenciales del 2024. La campaña de desprestigio que han desatado sus personeros en contra de diputados y diputadas que votaron en contra de la fracasada Ley de la Industria Eléctrica (LIE), señalándolos de traidores a la Patria, conlleva un mensaje subliminal para estigmatizar a los partidos PRI, PAN, PRD y MC y, obviamente, a sus candidatos que buscan la gubernatura en seis estados del país, en donde habrá elecciones en junio. Se trata pues, de una campaña sucia, ante los golpes que ha recibido Morena y el presidente de México que, ha quedado claro, no es omnipotente políticamente hablando.
Como ha sido la tendencia desde el inicio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, los órganos autónomos se han convertido en una especie de obsesión para presidente y partido. Uno de los que ha estado en el eje del escarnio, la descalificación y la estigmatización es el Instituto Nacional Electoral (INE) y, particularmente, dos de sus consejeros: Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General y el consejero Ciro Murayama. Sin embargo, es la institución en sí la que pese a su reconocimiento internacional como un órgano ciudadano y pilar de la incipiente democracia mexicana, ha sido objeto de las peores bajezas e insultos de los lamebotas e incondicionales de López Obrador. Aquí hay que encontrar la hebra de la iniciativa de Reforma Electoral que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados, cuyo eje fundamental es hacer un órgano manipulado desde la presidencia, incondicional a sus propósitos y rehén de sus desvaríos.
La reforma propuesta conlleva el insano propósito de crear un nuevo instituto; la reducción de 11 a 7 consejeros; la limitación presupuestal, con la que se ha ahorcado al INE para realizar elecciones o consultas. Asimismo, la eliminación de los diputados plurinominales; la desaparición de los órganos electorales y tribunales estatales, así como la reducción de tiempos en radio y TV, entre otros. Para muchos mexicanos, se trata de un golpe demoledor a la democracia. Ojalá que los partidos opositores a Morena, PRI, PAN, PRD y MC, vuelvan a cerrar filas.
Protesta justa
Si bien en un espacio editorial anterior consideramos que existen ciertas dependencias que no cuentan con los recursos humanos y económicos para hacer frente a sus responsabilidades que por ley les competen, como es el caso de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), para combatir los incendios forestales de los últimos tiempos, hechos más recientes nos dan pautas para añadir que, parte de esa incapacidad se cifra en los abusos que se cometen con los trabajadores. En efecto, la semana anterior, 27 brigadistas que participan activamente en ese tipo de siniestros, no han cobrado sus salarios desde hace al menos medio año o más. Se habla de peculado o desvío de recursos de parte del titular del organismo. No vamos a especular. Lo que es una realidad es que los trabajadores no están ahí, arriesgando su vida por hobby o placer, sino por necesidad.
Nada, absolutamente nada justifica retener los salarios a ningún trabajador por omisión o por corrupción. Es más, se sabe que las leyes son estrictas en ese sentido. Es tener en suspenso la manutención de las familias de cualquier trabajador y su familia. Sentar las bases para que busque apoyo financiero en bancos o empresas de préstamos, pagando altas tasas de interés. Es una infamia retener el salario que los trabajadores han devengado. ¿Cómo exigirles a los brigadistas que acudan a combatir un incendio en tal o cual comunidad, a luchar contra la fuerza de la naturaleza sin recompensa legítima alguna? El gobernador del estado, Alejandro Murat debe solicitar una investigación exhaustiva sobre esta situación, injustificable desde cualquier punto de vista.
En la misma tesitura, hace unos días, trabajadores del 911 protestaron en calles de Juchitán de Zaragoza pues, afirmaron, no han cobrado sus salarios desde hace al menos un año. Y reclamaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), liquidar de inmediato los adeudos. ¿Desde cuándo los titulares de las dependencias aludidas creen que el ciudadano trabaja sin el recurso necesario para comer y darle a los suyos? Insistimos: nada justifica retener u omitir el pago de los salarios, sean empleados de confianza, base o por honorarios a quienes al cumplir una responsabilidad ya lo devengaron. Estas irregularidades deben ser motivo de sanción a los responsables, pero, sobre todo, de investigación para dar con el paradero de los recursos que no han llegado a sus verdaderos destinatarios.
