En reiteradas ocasiones el gobernador Salomón Jara ha señalado en sus conferencias de prensa de los lunes, el tema de la irregularidad o más bien ilegalidad en el otorgamiento de plazas de base. Esta semana no fue la excepción y sostuvo que analiza la posibilidad de enviar una iniciativa para congelar dicha potestad del ejecutivo, a través de una de sus áreas: la Secretaría de Administración. Es más, le ha puesto cantidades que se presume se habrían metido al bolsillo quienes han enajenado dichas plazas. En tono poco coloquial afirmó que le da pena que haya empleados que no cuentan con oficinas y sus propios espacios de trabajo ante la saturación de mano de obra que existe. Lo que desconoce tal vez el ejecutivo es que, existen convenios y acuerdos entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STSPEIDCE), con el gobierno estatal, en calidad de patrón respecto a la basificación de determinado número de trabajadores.
Es decir, ello ya está pactado en el convenio que ambos suscribieron el pasado mes de febrero o marzo, cuando concluyeron las negociaciones. Y ello, por supuesto, no es nada nuevo. Cada análisis del pliego de peticiones anuales del sindicato de burócratas se aborda el tema de las bases que le corresponden. Es decir, desconocer este acuerdo sería tanto como desatar presiones sindicales que a nadie le convienen. Sin embargo, lo que sí sería prudente es limitar la operación de las áreas de Recursos Humanos para acotar este negocio que, ciertamente, se ha disparado en los últimos sexenios. Y en efecto, algo tiene que hacerse para evitar que una nómina inflada como la que existe actualmente, no consuma lo poco que se genera en el gobierno estatal para otras prioridades.
De igual manera debe proceder alguna iniciativa para regular la potestad del Poder Ejecutivo en el otorgamiento de patentes de notario público o concesiones de transporte. Cada gobernador, al menos durante los dos o tres últimos años de gestión, va premiando a sus cercanos e incondicionales con fiats o concesiones, haciendo de la fe pública algo más que un negocio y de las otras, un tianguis que ha llevado a Oaxaca a tener un sistema de transporte anárquico, obsoleto e inseguro. Si en efecto, Jara Cruz pretende limitar esas anomalías y corruptelas, hay que enviar esa iniciativa. Ye necesitamos un poco de orden.
Contra maltrato animal
A pesar de la campaña de concientización ciudadana que han hecho organismos civiles a través de los medios masivos de comunicación; de las sanciones punitivas que recibió hace menos de un mes un sujeto paranoico o esquizofrénico que lanzó a un cachorro a un recipiente de aceite hirviendo y de la existencia de normativa jurídica para castigar dicho delito, aún en Oaxaca, sobre todo en poblaciones menores, persiste dicho ilícito. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), abrió la semana pasada dos carpetas de investigación sobre dos casos de maltrato a perros en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Uno, ocurrido en conocida escuela secundaria, en donde un can fue sacado a rastras por instrucciones del conserje y otra de un mototaxista que fue video-grabado arrastrado a un cachorrito. Sociedades protectoras de animales, grupos civiles que rescatan a perros y felinos de la calle, entre otros, han pedido el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar iniciativas que endurezcan las penas en contra de aquellos que siguen pensando que los animales, por ser eso, no sienten.
En los noticiarios nocturnos se han difundido notas respecto a animales silvestres que son mantenidos en condiciones tristes y deplorables: leones, jaguares, venados, aves y demás, sin que las autoridades intervengan y castiguen de acuerdo el código penal vigente. A diario se escuchan en la misma capital oaxaqueña, los ladridos lastimeros de perros que están solos, con hambre o sed; atados o maniatados, por personas sin escrúpulos que no quieren entender que tener una mascota implica mucha responsabilidad. Es común saber de animales que son quemados vivos, arrastrados en vehículos de motor o que permanecen a la intemperie, sin ninguna protección. Por fortuna, las autoridades ministeriales están procediendo a armar las carpetas de investigación y esperamos procedan.
Ya es tiempo de que entre la ciudadanía se vaya creando no sólo conciencia sino también temor entre aquellos que piensan que castigar, torturar o simplemente mantener a un animal en cautiverio, sin los elementos necesarios para que viva con dignidad, es cosa del pasado. Para ello, hace falta crear la cultura de la denuncia y en el entorno social, crear conciencia respecto a lo que significa para la vida en común, convivir con nuestros animales domésticos, respetarlos y procurarles algo de la dignidad que han perdido en su cautiverio.
