El gobierno federal y estatal, pagan un costo político muy alto haber soslayado, por tantos años, la implementación de una política de protección civil en el país, especialmente en Oaxaca.
La unidad estatal de protección civil (UEPC), desde su implementación formal, en el sexenio de Ulises Ruiz, se creó más por normatividad que por una conciencia clara de las consecuencias de un desastre de la magnitud de los dos temblores del mes pasado. Era tal la insensibilidad que verdaderos neófitos como Martín Vela Gil y Demetrio Bohórquez llegaron a ocupar esos cargos. El primero, en el gobierno de Ulises Ruiz, desvió el presupuesto para sus fines políticos y fue cuestionado por haber malversado el presupuesto para operar las alertas sísmicas.
Los movimientos telúricos sacudieron con fuerza brutal y pudieron haber sido más devastadores por la total ausencia de una política de prevención de desastres. Así lo acepta el director de la UEPC, Heliodoro Díaz Escárraga.
En pos de cifras exactas, acudimos a la UEPC. Su director quien por cierto tomó posesión días después de los desastres, tiene los siguientes registros. Resultaron afectados 290 municipios, de los cuales 41 son de la región del Istmo. El temblor del 7 de septiembre pegó con más fuerza en 74 municipios de la Mixteca. Hubo 70 mil casas dañadas solamente en el Istmo. En esta zona se han sentido más de 8 mil réplicas. La primera expresión por la falta de cultura de la prevención de desastres naturales, fue la psicosis como resultado de las constantes réplicas. Lo primero que se manifestó fue la anarquía. La reacción del gobierno municipal fue tardía, el auxilio se sintió hasta que llegaron los gobiernos federal y estatal. Aunque el presidente de la República dispuso que cada Secretario de Estado o alto funcionario, atendiera específicamente determinado número de municipios, aún hay yerros. El gobierno del estado ha tenido que implementar un segundo censo de casas dañadas y destruidas en, al menos, 12 municipios istmeños.
Otra expresión de incultura de protección civil, es la laxa aplicación de normas estrictas en la industria de la construcción y la no formación de peritos. Para valorar los daños en unas mil 600 escuelas en todo el estado, por ejemplo, no hay suficiente responsables de obra. Ni siquiera los colegios de arquitectos e ingenieros, tienen la capacidad de hacer los peritajes para calcular la dimensión de los daños en cada escuela. Lo más pasmoso es que casi todas las escuelas públicas carecen de planos de construcción.
Otro fenómeno preocupante es que los municipios carecen de Atlas de Riesgo, con todo y que Oaxaca se ubica en una de las zonas de mayor inestabilidad geológica. Urge implementar políticas reales para la prevención de desastres naturales.
Al rescate
El uso faccioso que sucesivos rectores han dado del presupuesto de cerca de mil millones de pesos, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, finalmente, prendió las luces rojas. Si el gobierno federal no rescata la institución, su quiebra “es inminente”, alertó el rector Eduardo Bautista.
La semana pasada fueron días de incertidumbre por la falta de recursos suficientes para el pago de nóminas de ¡seis sindicatos! Es la única universidad pública con un número de trabajadores manuales casi similar a la planta pedagógica. Tan solo en la pasada administración contrataron a más de dos mil nuevos maestros y empleados. El presupuesto es insuficiente para sostener una burocracia tan obesa. La voz de alerta surgió antes de que finalizara el anterior rectorado, nadie escuchó.
De acuerdo a los últimos reportes, la SEP aceptó reconsiderar un aumento presupuestal pero será insuficiente mientras se siga utilizando para fines político-sindicales.
Hasta que la SEP alertó sobre el riesgo de quiebra, los grupos que se disputan el control de la UABJO, fueron conminados a la mesura.
Dado que en política nada es casual, las voces de alerta dieron resultados inmediatos.
La banda de “los chapos”, aceptó el resultado de la reciente elección de directora en la Escuela de Enfermería. Además, ayer un juez federal concedió amparo al grupo del “jefe Villa” y “Daniel Chelas”, para que sigan dando y recibiendo clases en el edificio central como una extensión de la Facultad de Leyes. Si respetan la ley, esto restaría fuerza al control férreo que “los chapo” Martínez, tienen en esta escuela que consideran bastión político. Mediante contratación de maestros sin perfil y venta de calificaciones, “los chapo” aseguran clientela política. Esta escuela, con más de 2 mil alumnos, garantiza la permanencia de su cacicazgo. Al quedar dividida, les resta capacidad de dominio.
El porrismo, otra de las expresiones antiacadémicas que agobian a la UABJO, perdería fuerza en la medida que la SEP siga vigilando la aplicación del presupuesto.
Esta demostración de fuerza bruta que desnaturaliza la Universidad, es el porrismo, pero se resiste a morir. La herencia de la fuerza bruta y la miopía de los sindicatos, obstruye el desarrollo de la máxima casa de estudios. Hay que escuchar, por ejemplo, los discursos incendiarios de Fernando David Avendaño, del Steuabjo y de Amado Wilches, del sindicato de Silviano Cabrera. Estos lidercillos vinculados a la violenta organización “14 de Junio”, solo persiguen intereses económicos y políticos. No entienden la academia ni la educación. Solo repiten las consignas delincuenciales de su “líder” don Panchito, un personaje siniestro que, aunque se dice proscrito, sus tentáculos siguen en el campus universitario.
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