Dos son las frases que usa el gobierno para intentar restañar las heridas provocadas por la violencia: iremos hasta el fondo de la investigación y emitimos una disculpa.
El resultado es el mismo, no se resuelve nada y los deudos de los muertos, heridos o perjudicados por las acciones del crimen organizado y/o las equivocaciones del gobierno, saben que no habrá más.
Poco se avanza en las investigaciones y es cuando alguno de los participantes en esos crímenes es detenido o recibe una sopa de su propio chocolate de parte de sus adversarios o de su mismo grupo, es cuando más o menos se esclarece algo.
Sabido es que las técnicas de investigación usadas por los cuerpos de seguridad nacionales son casi rupestre, por lo que poco se avanza en ese sentido, pero si a ello se le suma el que en más de uno de los casos, las propias autoridades son las que se ponen diques, veremos el por qué del fracaso en el terreno de resultados.
Morelos, Veracruz y Guanajuato, son a fechas recientes las entidades más posicionadas dentro del ojo del huracán de la violencia y en los tres existen problemas entre autoridades.
En Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, se encuentra distante del Fiscal, Jorge Winckler, ya que lo consideran una imposición del anterior gobierno (Miguel Ángel Yunes) y en reiteradas ocasiones han expresado su desacuerdo públicamente. El Congreso del estado intentó remover al Fiscal, sin éxito. Las diferencias de uno y otro gobierno, son más que nada del tema ideológico, ya que Yunes es panista y Cuitláhuac es de morena.
Morelos da cuenta de la ruptura del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, con el alcalde de la capital (donde ocurrió uno de los impactantes asesinatos), además del alejamiento y disputa entre el mandatario estatal y el Congreso local. La violencia se enraizó desde hace varias décadas (tres cuando menos) y se mantiene una disputa por el poder entre el anterior gobernador Graco Ramírez del PRD y el actual de la alianza con morena.
Guanajuato acaba de designar Fiscal en la persona de quien fuese Procurador General del estado desde hace diez años y aunque Carlos Zamarripa venía ejerciendo dicho cargo, con uno u otro nombre, los gobiernos han emanado del mismo partido, por lo que relaciones con el Ejecutivo y Legislativo son acordes, aunque no así con sectores de la población que lo advierte obsoleto. Zamarripa fue procurador en las administraciones de Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez y Diego Sinhué Rodríguez.
En cada uno de esos estados se han producido los hechos violentos que mantienen en ascuas al gobierno federal sobre su política anticrimen.
En Veracruz, ocurrió la matanza de Minatitlán y otras más; en Morelos la violencia es indiscriminada, lo mismo en Cuautla, que en Cuernavaca o en poblaciones cercanas y se produce contra empresarios, custodios o parroquianos de un restaurante, mientras en Guanajuato se da por goteo, en los municipios del centro y el terrible episodio de un bar en Salamanca, pero también arrastra lo que todavía no se acierta con claridad en la muerte de un poderoso dirigente obrero.
Los tres caminan por el rumbo de otras entidades, donde se espera pronto se produzcan las palabras mágicas.
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