En México, los órganos autónomos son entidades que tienen la capacidad de tomar decisiones de manera independiente del gobierno y de otros poderes del Estado. Su función principal es garantizar el cumplimiento de derechos y la supervisión de diversas áreas, como la justicia, la economía y los derechos humanos.
Estos órganos tienen autonomía en su funcionamiento y en la toma de decisiones, lo que les permite actuar sin interferencias del gobierno, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas en diversas áreas de la administración pública.
Ante la aprobación, en lo general, del dictamen que extingue siete organismos autónomos por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor y 17 en contra, con la justificación de la austeridad, compromete gravemente la estabilidad democrática y el equilibrio de poderes en nuestro país.
La creación de estos órganos autónomos responde a una lucha histórica por la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Durante décadas, México transitó por regímenes que concentraron el poder en el Ejecutivo, lo que resultó en abusos de autoridad, corrupción y falta de contrapesos.
La eliminación de estos organismos no sólo debilitaría la competencia económica, sino que socava los principios fundamentales de la democracia al eliminar los contrapesos que aseguran la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos fundamentales como la protección de datos personales y el acceso a la información.
Entre los organismos afectados se encuentra el INAI, entidad clave para garantizar la transparencia gubernamental y el acceso a la información, especialmente en investigaciones periodísticas. La desaparición del INAI representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y en el derecho a la privacidad y la transparencia.
Salvaguardar integridad
A través órdenes de protección para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres y niñas, víctimas de violencia, se fortalecen las estrategias enfocadas a erradicar todo tipo de agresión de género. Son dictadas por el Juzgado Especializado del Poder Judicial con la premisa de impartir justicia oportuna, con equidad y transparencia, pero también la de proteger los derechos de todos, pero en especial de la población vulnerable.
En la ruta de fortalecer una justicia sensible, incluyente y accesible con responsabilidad social, se ha dado pasos históricos que han marcado un precedente como es la creación del Juzgado Especializado para Dictar Órdenes de Protección, pionero a nivel nacional.
Con competencia en 21 municipios del centro y que ha extendido su red de apoyo a otras regiones, se brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana, emitiendo de abril a la fecha 170 órdenes que han puesto a salvo de sus agresores a mujeres en situación de violencia.
Los niños, los jóvenes y las mujeres son especialmente vulnerables a estar expuestos a riesgos de maltrato, abuso o negligencia, deterioro de su salud y desarrollo, y circunstancias que van en contra de la prestación de una atención segura y eficaz. Esto puede incluir el abuso, la explotación sexual y la mala conducta, la trata y la violencia.
Estos fenómenos socavan los derechos humanos fundamentales y son contrarios al espíritu del deporte. Las estrategias y prácticas basadas en las relaciones positivas y el respeto mutuo, la comunicación honesta, la respuesta justa y proporcionada, la mitigación y la contingencia, son condiciones necesarias para un deporte saludable y sostenible para todos.
Con ello, las autoridades deben cumplir con sus obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas, es una tarea prioritaria que requiere un esfuerzo permanente y coordinado para cumplir las exigencias que la sociedad demanda.
